Serra negó a Garzon que exístan informes del Cesid sobre el uso de mendigos como cobayas

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, remitió el pasado 29 de agosto al juez de la Audiencia Nacional Báltasar Garzón un oficio en el que negaba que exista en el Cesid informe alguno sobre una supuesta operación para secuestrar al dirigente etarra Juan Antonio Urruticoetxea, Josu Ternera, ni sobre la utilización de mendigos y drogadictos como cobayas humanas para robar un anestésico que se pensaba aplicar primero. El Mundo aseguró ayer que informes del Cesid prueban la existencia de tos hechos, bautizados en medios del servicio secreto como operación Mengele.

El pasado 1 de agosto, un día antes de que el Consejo de Minístros se negara a desclasificar los papeles del Cesid sobre la guerra sucia, el juez Garzón remitió un auto al Ministerio de Defensa en el que solicitaba dos nuevos documentos: el primero, referido a una operación, nunca ejecutada, para secuestrar en Francia a Josu Ternera en julio 1988; y el segundo, sobre la utilización de dos mendigos a los que se habría aplicado, con fines experimentales, la droga que se pensaba utilizar con el dirigente etarra.En su edición del pasado 3 de agosto, EL PAÍS daba cuenta de la petición de Garzón en los siguientes términos: "Desde que estalló el escándalo del Cesid, hace ahora un año, se ha especulado con la existencia de un documento que describiría la denominada operación Mengele. Ésta habría consistido, supuestamente, en la aplicación de la droga pentotal, más conocida como suero de la verdad, a dos mendigos madrileños, para estudiar sus efectos de cara a utilizarla posteriormente con un etarra. Según esta versión, uno de los mendigos habría fallecido durante el experimento. El hecho de que este documento no saliera a la luz durante los últimos meses se consideró, por los antiguos responsables gubernamentales, como una prueba de que se trataba de una especulación sin fundamento. Otras fuentes, sin embargo, apuntaron a que Perote podría guardarlo como último cartucho o bien mantenerlo oculto porque él mismo estaría directamente implicado en este macabro episodio".

En el escrito que remitió al ministro de Defensa, Eduardo Serra, Garzón solicitaba la desclasificación de los "datos, elementos y documentos que hayan sido elaborados por el Cesid y que hagan referencia a la planificación y proyecto de secuestro de Josu Ternera, y las pruebas o ensayos que se hicieren dentro del mismo operativo, con vagabundos o droga dictos que eran secuestrados y -transportados a las dependencias del Cesid".

El ministro Eduardo Serra contestó, el 29 de agosto, que no le era posible proponer al Consejo de Ministros la desclasificación de los. documentos solicitados por Garzón, "habida cuenta de que no consta en dicho centro documento, elemento o dato alguno de los que se refiere en su petición".

En la infórmación publicada ayer se ponía, en duda, en contra de lo sostenido hasta -ahora por varios medios de comunicación, incluidos Abc y El Mundo, que muriera uno de los mendigos durante el experimento. Esta nueva versión resulta más favorable para los responsables de la operación, y en primer lugar para el ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, el coronel Juan Alberto Perote, que de lo contrario tendrían que responder de un delito de homicidio.

De hecho, la versión de la operación Mengele difundida ayer coincide con la contenida en el "alegato"-así lo califica Garzón- de Perote, que el juez intervino en la celda del coronel durante el registro que hizo el pasado 8 de febrero., Una parte de este alegato 9 relato. novelado, en el que se transcriben supuestos documentos del Cesid, también fue confiscado por el juez militar en un nuevo registro de la celda de Perote.

La publicación, una vez más, de esta información, suscitó ayer numerosas reacciones. El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, abrió una queja de oficio y se dirigió a Defensa para contrastar una información que le produjo "horror y espanto". Tanto Josep López de Lerma, diputado de CiU, como Felipe Alcaraz, de IU pidieron la intervención del fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo. Por su parte, el presidente José María Aznar se limitó a declarar en Valencia que el Gobierno ha emprendido "una política de reforma de los servicios de inteligencia. Si en algún momento han cometido algún error o equivocación, deberá ser corregido por la vía adecuada", agregó.