El fiscal reabre la querella de Torras contra De la Rosa, y toma declaración al abogado Folchi

El fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha decidido sacar del letargo la querella que en enero de 1993 presentó el grupo Torras contra Javier de la Rosa y otros seis ejecutivos de Torras y del grupo KIO. Atendiendo una petición de Villarejo, el juez titular del caso, Miguel Moreiras, ha citado para hoy al abogado barcelonés y también querellado Juan José Folchi. La querella de Torras acusaba a los anteriores gestores del grupo de una presunta estafa de 120.000 millones, de pesetas. Ahora, Villarejo investiga nuevos posible delitos no incluidos en la querella, rechazada por Moreiras en cuatro ocasiones, hasta que la sala de la Audiencia Nacional le obligó a aceptarla a finales de 1993.

A pesar de eso, la querella apenas ha avanzado durante estos tres años largos. Sin embargo, el 12 de julio pasado, el fiscal anticorrupción remitió al juez Moreiras un escrito de 12 folios en los que pedía al magistrado la aprobación de varias diligencias, entre las que figuraba la toma de declaración a Folchi.Uno de los aspectos más novedosos del escrito es el interés de Villarejo por relacionar la querella presentada por Torras con el informe de los interventores judiciales sobre la suspensión de pagos del grupo. Esta suspensión se presentó en diciembre de 1992 y es la más cuantiosa de la historia empresarial española, con unas deudas de 243.000 millones, sin contar las referidas a varias sociedades filiales como la química Ercros o la inmobiliaria Prima. El conjunto de las deudas superó el medio billón.

Concretamente, el informe del fiscal anticorrupción anuncia su deseo de "ampliar más adelante el presente dictamen interesando nuevas diligencias sobre otros hechos de naturaleza presuntamente punible que se desprenden (...) del informe de los interventores judiciales emitido en el procedimiento de suspensión de pagos del grupo Torras".

Los interventores judiciales imputaron a los anteriores gestores "prácticas financieras heterodoxas", "vaciado de activos de las compañías", "empobrecimiento de la compañía y sus accionistas", "la utilización de fondos propios para fines ajenos a los declarados en el objeto social", "elevadísimos gastos de gestión, administración, seguridad e imagen" y "la ocultación de la crisis mediante técnicas contables". Es decir, que el caso podría dar un giro importante y analizar otros posibles delitos más allá de los incluidos en la querella elaborada por el abogado José María Stampa. A raíz de la no aceptación de la querella, KIO amplió el grupo de letrados del caso, incluyendo a Miguel Bajo y Manuel Cobo del Rosal.

Asimismo, Villarejo solicita la práctica de otras diligencias, como la petición a Javier de la Rosa de que aporte al juez contratos de fiducia, o justificantes de comisiones y préstamos recibidos por la sociedad Aciesa, investigada también en relación con el caso Grand Tibidabo, por casi 600 millones de pesetas. En relación con la sociedad Quail, empresa cabecera de las operaciones de De la Rosa, Villarejo le requiere para que presente los contratos que le permitieron cobrar comisiones por una cifra total de 10.719 millones de pesetas. La resolución judicial de la crisis del grupo Torras ha estado en segundo plano de la actualidad hasta que ahora la fiscalía anticorrupción la ha vuelto a poner sobre la mesa. Pero, más allá de la propia actitud de las autoridades judiciales y políticas españolas y de la propia opinión pública, la no depuración de responsabilidades en este caso es un hecho que tienen presentes muchos inversores internacionales, que no se explican el motivo de que tres años después de presentada la querella nadie se haya preocupado por esclarecer los hechos.

En la primavera de 1993, Torras decidió presentar una nueva demanda contra De la Rosa y los suyos en Londres. En este caso, referido a otras operaciones en las que se despistaron 500 millones de dólares, los demandantes consiguieron el embargo de bienes de los principales implicados, comenzando por el propio De la Rosa. A pesar de ello, aún no han conseguido descubrir los supuestos refugios para los miles de millones que, según ellos, De la Rosa acumuló en algunos paraísos fiscales. Su seguridad de que eso dinero existe se afianza al comprobar que De la Rosa, con sus bienes teóricamente embargados y sin propiedades visibles, continúa gozando de un nivel de vida prohibido para la mayoría de los mortales: empleados bien pagados en su despacho de la Diagonal de Barcelona, un rosario de abogados, viajes, guardaespaldas y residencias varias.