Preocupación entre los militares argentinos por el auto de Garzón

Fuentes castrenses admiten que los jefes militares de Argentina se muestran preocupados por la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de efectuar diligencias para investigar la desaparición en ese país de 266 españoles entre 1976 y 1983, durante la dictadura militar, entre ellas la comparecencia en España como imputado del ex presidente Jorge Videla. Aunque piensan que la petición de Garzón no prosperará, los comandantes de los ejércitos se mantienen en silencio y han dejado el análisis del asunto a su personal jurídico.Carlos Castrellana, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, declaró ayer desde España a una emisora de radio de Buenos Aires que la Justicia española puede llegar a ordenar la captura de las personas, la mayoría militares y policías, a las que Garzón quiere tomar declaración como querelladas o imputadas si no responden a la convocatoria. En cualquier caso, advirtió, "eso es algo que debe valorar el juzgado en función de las circunstancias y también de la actitud judicial argentina, que es la que tendría que citarlas".

Uno de los militares reclamados por Garzón, el ex general y actual gobernador de Tucumán, Domingo Bussi, aseguró ayer que no se presentará a la justicia española. "No creo que vaya a ser detenido si no me presento a declarar ante ese juez español, ya que en Argentina la cuestión está terminada con las sanciones que se dieron y con su cumplimiento", dijo.

Las causas abiertas en Argentina por los crímenes cometidos durante el régimen militar fueron cerradas por la aplicación de dos leyes dictadas en el decenio de los 80 y conocidas como de Punto Final y de Obediencia Debida. Los máximos responsables de la represión, entre ellos Videla, fueron condenados en 1985 a duras penas de prisión, pero el actual presidente, Carlos Menem, les indultó en 1990.

Proposición socialista

Mientras tanto, el Grupo parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, informa Europa Press, en la que solicita al Gobierno que, a través de la Fiscalía General del Estado, inste a que se efectúen las actuaciones judiciales oportunas que permitan someter a extradición y juicio a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, durante la dictadura militar, contra españoles.

El PSOE pide que la Cámara considere que las violaciones masivas de los derechos humanos durante las dictaduras militares, como las últimas de Argentina y Chile, sólo pueden ser calificadas como "genocidio", ejercido mediante prácticas terroristas que incluyen el secuestro y el asesinato.

También recuerdan los socialistas que la aplicación de la Ley de Amnistía dictada en Chile en 1978 por el régimen del general Augusto Pinochet, en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por ese país y los principios constitucionales, no vincula al Estado español.