García-Castellon dejará el caso Banesto en octubre tras la previsible llegada de la comisión suiza

El juez Manuel García-Castellón cumplirá su mandato como juez de apoyo del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional hasta el próximo 24 de octubre y no solicitará su renovación por entender que la instrucción del caso Banesto estará casi acabada, incluidos algunos de sus flecos mas importantes como la llegada de la comisión rogatoria de Suiza, prevista para finales de septiembre. Los 240 tomos del sumario ya están en la sala de lo Penal de la Audiencia, que debe resolver varias apelaciones y fijará, después, la fecha del juicio oral, esperada para mediados de 1997. El fiscal del caso, Florentino Orti, por su parte, dejará la Audiencia Nacional para pasar al sector privado.

"Todavía no he adoptado una decisión", dijo ayer a EL PAÍS García-Castellón, "pero creo que las diligencias de investigación estarán prácticamente terminadas cuando acabe mi mandato de seis meses. Tengo muchos asuntos en el juzgado sexto y creo que sería lógico no solicitar una cuarta prórroga".En los próximos días, como es habitual, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) enviará a la sala de Gobierno de la Audiencia Nacional un recordatorio sobre el vencimiento de mandatos de jueces en "comisión de servicios" o "de apoyo". Una vez recibido, el juez de apoyo, en este caso García-Castellón, sera requerido para que informe sobre la situación de sus asuntos. En ese momento, el juez deberá pronunciarse sobre la prórroga. Si no la solícita, su comisión de servicios vence automáticamente.

"Las diligencias pendientes no retrasarán una decisión sobre la fecha de juicio oral. Tanto las piezas separadas [referidas al financiero. Jacques Hachuel, responsabilidades civiles y otros],como la comisión rogatoria de Suiza están ya previstas", explicó García-Castellón.

En fase de decisión

Fuentes jurídicas helvéticas indicaron a EL PAÍS que el Tribunal Federal Suizo se encuentra, precisamente, en fase decisión sobre el último recurso interpuesto por los abogados de Mario Conde, el abogado Mariano Gómez de Liaño y el expresidente Asturiana del Zinc, Francisco J. Sitges, contra la entrega a España de las declaraciones del 6 de febrero de 1996 del fiduciario Paolo Gallone, en las que reveló que las sociedades suizas Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna, pertenecen a Conde, la primera, y a Gómez de Liaño y Sitges, las dos últimas.El problema es que como Asni y Jamuna están relacionadas con operaciones presuntamente ilícitas en Banesto (Promociones Hoteleras e Isolux) se plantea la necesidad de decidir si cabe o no la inculpación de Gómez de Liaño y de Sitges en el caso. El contenido de la declaración de Gallone es conocido por el juez Manuel García-Castellón y el fiscal Florentino Orti, que interrogaron al fiduciario, bajo la dirección del juez de instrucción suizo Jacques Antenen, pero no puede utilizarse como material probatorio hasta que sea trasladado en regla a España. El Tribunal cantonal de Vaud (Lausana, Suiza) ya se pronunció a favor del traslado de los documentos a España el pasado mes de abril.

La representación letrada de Banesto, por su parte, se pronunció a favor de que se abra juicio oral también contra ellos, cosa que García-Castellón rechazó. Banesto ha presentado un un recurso de apelación que estudia la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección segunda.

Precisamente por ese recurso, los 240 tomos del sumario ya se encuentran en la sala de lo Penal. Una vez resuelta la apelación, la sala podrá fijar el auto de señalamiento del juicio oral. Fuentes jurídicas estiman que la fecha será, como muy pronto, mediados de 1997. A partir del 24 de octubre, si García-Castellón, como es previsible, no solicita la prórroga, los flecos pendientes quedarán en manos del titular del juzgado número 3, Miguel Moreiras, quien deberá completar las diligencias.

Orti abandona la Audiencia

Fuentes jurídicas informaron, asimismo, que el fiscal del caso, Florentino Orti, abandonará la Audiencia Nacional y pasará a ocupar próximamente, un puesto en el sector privado, en el bufete de Antonio Garrigues, que le hizo llegar una oferta y cuya materialización ha estado relacionado con la terminación de las investigaciones sumariales.El juez Manuel García-Castellón, por otra parte, declarará probablemente hoy la nulidad de su auto de archivo de cargos contra el financiero Jacques Hachuel, a la luz del escrito traspapelado de Banesto, en el que se solicitaban nuevas diligencias para determinar la cooperación del financiero en la presunta apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas.