Conde recibe un serio reves al rechazar el juez la impugnación de la junta de Banesto que le demandó

Mario Conde sufrió ayer una severa derrota en la batalla que sostiene en el campo civil por su gestión al frente de Banesto. El juez rechazó la impugnación que aquél y varios ex administradores del banco presentaron contra la junta general celebrada el 26 de marzo de 1994 y que aprobó el plan de saneamiento de la entidad. Esta junta también decidió presentar una demanda de responsabilidad civil contra Conde y su equipo por la gestión. El juez Juan Francisco Martel Rivero, titular del Juzgado número 46 de Primera Instancia de Madrid, además de desestimar "en su integridad" las demandas presentadas, les obliga a pagar las costas que ha supuesto este proceso.

Los argumentos esgrimidos por Conde en el campo civil recibieron ayer un duro golpe. Su impugnación de la junta que decidió demandarle ha sido rechazada de plano. Dicha impugnación fue solicitada el 24 de marzo de 1995 -un año después- en tres demandas distintas, que el juez acumuló en un mismo procedimiento. Los impugnantes fueron, además de Conde, Arturo Romaní, Enrique Lasarte, César de la Mora, Vicente Figaredo, Antonio Saez de Montagut, Rafael Pérez Escolar y Ramiro Núñez-Villaveirán, así como la sociedad Monis. El mismo juez ha aplazado su decisión sobre la responsabilidad civil por estimar que debe esperar la causa penal que instruye el juez Manuel García-Castellón contra Conde y otros ex directivos. La demanda pedía la nulidad de la junta de accionistas y, por tanto, de los acuerdos adoptados en ella, por concurrir, a su juicio, varias infracciones a diversas leyes. Subsidiriamente, la demanda solicitaba la nulidad del acuerdo de entablar acción social de responsabilidad civil contra los ex administradores de Banesto; del acuerdo de destitución de éstos y del acuerdo que aceptaba la decisión de intervención de Banesto por parte del Banco de España. Por último pedía que se condenara a la entidad de mandada al pago de las costas del procedimiento.

El juez, en un auto de 37 páginas, desestima "en su integridad" las demandas acumuladas y las argumenta pormenorizada mente en 13 fundamentos jurídicos. Según el juez, no existe ninguna lesión del derecho a la información de los accionistas, que tuvieron a su disposición la documentación sobre la reducción y posterior ampliación de capital y de la subasta de las acciones del banco. El juez hace un alto en el informe de auditoría de Price Waterhouse, que no fue puesto a disposición, lo que, a su juicio, no es una obligación.

Tampoco existe defecto en la representación de accionistas que ostentaba el presidente Alfredo Saenz, ya que no existe "incompatibilidad entre la tutela de los intereses del banco y la de los derechos públicos y del sistema bancario en general máxime Cuando se pretendía la definitiva quiebra de Banesto", como argumentaba la parte demandada.

El juez estima, asimismo, que no se indujo a error a los accionistas "ya que en la documentación facilitada se describían con toda claridad las operaciones, lo que sin duda alguna podía producir una alteración del accionariado de Banesto y de su cúpula directiva".

El magistrado fundamenta el rechazo a la impugnación de la acción social de responsabilidad "de modo terminante". Esta acción persigue que los ex gestores hicieran frente a un quebranto de 605.000 millones. Dice que la decisión recoge la voluntad de los accionistas que acudieron a la maratoniana junta. Sostiene Martel, en su séptimo fundamento, que no hay conculcación al incluir en la junta el acuerdo de destitución definitiva de los ex gestores y, en el octavo, respalda la citada sustitución decidida por el Banco de España.

Finalmente, el juez Martel Rivero rebate el informe de los auditores-economistas "al estar elaborado unilateralmente, sin el concurso de la parte a que perjudica" y los dictámenes de los juristas Sainz de Robles y Carreras Llansana presentados por Pérez Escolar, porque contienen opiniones sobre aspectos específicos "no debiendo olvidarse el detalle consistente en que la prueba debe concretarse a los hechos y no a las normas jurídicas".