"Como testigo no nos interesa", afirma la acción popular

El abogado de la acción popular en el sumario sobre el secuestro de Segundo Marey, José Luis Galán, expresó su satisfacción por la estimación de su recurso por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y dijo que la decisión es la más correcta", ya que el alto tribunal "va a entrar a fondo a conocer la implicación de González en los GAL, sin que la única palabra sea la del juez Móner".Galán manifestó que el Supremo tiene que llamar a declarar a González como imputado y no como testigo. "El testimonio de González como testigo no nos interesa absolutamente nada, ya que no podré hacerle ninguna pregunta que pueda perjudicarle. Llamar a declarar como testigo a un señor sobre el que existen noticias incriminatorias no tiene absolutamente ningún sentido".

El ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, procesado en la causa, dijo que la decisión del Supremo de rectificar algunas decisiones del juez Móner no es importante "pero dilata las cosas más". El ex número dos de Interior durante más de una década de gobiernos socialistas señaló que lo que tiene importancia para él es que se tramiten dos recursos de apelación contra la negativa de Móner a incorporar varias pruebas solicitadas por él: un dictamen de la Fiscalía del Estado sobre los fondos reservados, y que se tome declaración a los jueces antiterroristas franceses Laurence Le Vert y Roger Leorile, y a la fiscal Irene Stoller.

"Decisión absurda"

Enrique Fernández de la Lama, defensor de Ricardo García Damborenea, principal testigo de cargo contra Felipe González, calificó de "absurda" la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha pospuesto la decisión sobre la declaración de González. De la Lama dijo que el aplazamiento supone "un gran perjuicio" para la evolución de su defensa, aunque recalcó que su único interés es que González comparezca como testigo y no como imputado.Manuel Murillo, abogado del ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista Francisco Álvarez, consideró "totalmente correcta" la decisión del Supremo, porque demuestra que "la justicia empieza a abrirse paso por encima de la política" al tratar a las personas aforadas "como al resto de los ciudadanos".

La Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia consideraron correcta la decisión del Supremo. Juan Antonio Alonso, de esta última, dijo que "la pelota" volverá ahora al juez instructor del caso, Eduardo Móner, pero para efectos puramente formales.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Angel Calderón, manifestó que, al tratarse de un acuerdo de la más alta instancia judicial, tiene que ser respetado.