El Gobierno central y el vasco negocian una reforma legal para atajar la violencia juvenil

Las reformas jurídico-penales destinadas a contrarrestar la violencia callejera en Euskadi prevén, entre la amplia gama de sanciones, medidas para los menores de edad penal como los Internamientos, trabajos para la colectividad y arrestos de fin de semana, según el consejero vasco de Justicia, Ramón Jáuregui. Fuentes relacionadas con la elaboración de esas disposiciones, en estudio, indican que la nueva Ley Penal Juvenil establecerá con bastante seguridad un catálogo de sanciones más amplio y represivo, de forma que las penas tengan correspondencia con los daños causados por los menores.

En los contactos habidos hasta la fecha, los ministros de Interior y de Justicia, Jaime Mayor Oreja y Margarita Mariscal de Gante, respectivamente, y los consejeros vascos de los mismos departamentos, Juan María Atutxa y Ramón Jáuregui, han coincidido igualmente en la necesidad de establecer, de forma categórica, la responsabilidad económica de los padres de los menores que hayan delinquido.De igual manera, consideran necesario recurrir con más asiduidad a la vía administrativa para castigar las conductas que, sin estar tipificadas como delito, alientan objetivamente las actuaciones violentas. A este respecto, se alude a las arengas, a la incitación al empleo de la violencia o a las injurias y calumnias no penalizadas como tales por la Justicia por la prevalencia de la libertad de expresión.

El propósito es, además, acelerar la aplicación y el pago de las multas gubernativas y evitar que, como ocurre ahora, la ejecución llegue cuatro o cinco años más tarde.

La vía de la sanción económica se aplicará igualmente a los organizadores o responsables de las manifestaciones y los actos en los que se hayan producido daños físicos o materiales.

Las reformas jurídico-penales, que deben complementar medidas establecidas en el ámbito policial, como la videovigilancia, se justifican, según fuentes gubernativas, en la evidencia de que el actual sistema no funciona y es altamente ineficaz para combatir la violencia callejera organizada por los simpatizantes de la banda terrorista ETA.

Las mismas fuentes apuntan que la estadística policial de la violencia callejera en Euskadi tiene un pálido reflejo en la estadística judicial. Así, se pretende que las fiscalías unifiquen criterios y efectúen un seguimiento riguroso del cumplimiento de las sanciones.

Juicios rápidos

El Gobierno central y el Ejecutivo de Vitoria juzgan imprescindible que los juicios por actos de violencia callejera se resuelvan con celeridad. A la reforma, en ese sentido, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se sumará la de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el propósito de acelerar la exigencia de las responsabilidades penales.La implicación en actos vandálicos de jóvenes menores de edad, incrementada de manera ostensible a lo largo del presente año en el País Vasco, aumentará notablemente cuando se apruebe la nueva Ley Penal Juvenil y entre en vigor la mayoría de edad penal a los 18 años establecida en el nuevo Código.Es ésta una cuestión que preocupa seriamente a los responsables de Interior y Justicia y que, en su opinión, justifica medidas como el internamiento limitado en centros específicos de los menores de edad, que dispondrán en ellos de la ayuda de educadores.

Para superar la incomunicación entre los jueces y los responsables policiales, patente en el País Vasco, se plantea la creación de foros de encuentro que, de manera discreta y sin violentar la separación de poderes, permita aclarar los equívocos y trabajar de manera coordinada y eficaz.

Paralelamente, el Gobierno vasco ultima un plan de actuación contra la violencia callejera inspirado en el estudio que encargó tiempo atrás a un grupo de sociólogos dirigido por Javier Elzo.

En este programa se establecen cuatro ámbitos de actuación: el cultural, asentado preferentemente en los centros educativos; el laboral, que pone el acento en el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; el policial, y el político.

En estos últimos aspectos, el estudio de los sociólogos planteaba arriesgarse más a la búsqueda de una negociación con ETA y Herri Batasuna y sugería que la Ertzaintza (policía vasca) debería actuar de manera firme y eficaz, pero procurando que sus formas fuesen siempre las más correctas posibles.