El caso de los jesuitas asesinados en El Salvador

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha expresado su temor a que la nueva ley de Secretos Oficiales, que el Gobierno ha acordado remitir al Consejo General del Poder Judicial, consagre "unas zonas de impunidad" al dejar en manos del Ejecutivo la facultad de entregar o no los documentos secretos a los jueces.En declaraciones a la Cadena SER, Álvarez de Miranda reiteró ayer su miedo a que "por razón de Estado, se pudiera dejar sin tutela judicial a una persona". En este sentido, recordó el ejemplo del juicio por el asesinato, en 1989, de cinco jesuitas vascos en El Salvador. "Hasta que no se desclasificaron algunos documentos del departamento de Estado de Estados Unidos", dijo, "no se pudo conocer la auténtica realidad de lo que había pasado; a mí me parece que eso es elemental".A juicio de Álvarez de Miranda, el órgano que deba examinar la posible desclasificación de los papeles del Cesid "tiene que partir de una doble condicion: primero, su independencia absoluta; segundo, el respeto, en la medida y en la parte que pueda afectar a los intereses superiores del Estado, a que eso no se haga público, y, consiguientemente, el respeto a la Justicia. A mi me parece que es el valor supremo; ante la seguridad y la Justicia jamás he dudado, yo me inclino por la Justicia".