El Gobierno ve "difícil" que Liaño interrogue a la Comisión de Secretos

El secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José María Miichavila, ha asegurado que ve "difícil, en términos jurídicos y procesales, que prospere la iniciativa del juez Javier Gómez de Liaño" para que presten declaración ante él los diputados de la Comisión parlamentaria de Secretos Oficiales que fueron informados de los documentos, clasificados como secretos, del Cesid sobre algunas actividades terroristas de los GAL.

Michavila añadió, en una entrevista a Efe, que el Gobierno "no dejará de lado" al Parlamento en el papel que a éste le corresponde en el esclarecimiento de las actividades de los GAL y reiteró que el Gabinete sigue dispuesto a colaborar con la Justicia".El portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Juan Alberto Belloch, calificó ayer de "barbaridad" la pretensión de Gómez de Liaño. "Cuando un ministro cuenta algo en la Comisión de Secretos Oficiales, lo hace con la confianza de que nunca va a hacerse público. Que miembros de esa comisión decidan declarar sobre lo manifestado bajo secreto es, en términos políticos, convertir en inoperante la Comisión de Secretos Oficiales. Políticamente, me parece un error. Jurídicamente, puede ser un delito, pero eso es discutible. Hay penalistas que opinan lo contrario", manifestó en Teruel.

Medida constitucional

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, reconoció ayer la "dureza" de las restricciones propuestas por el Gobierno para aquellos jueces que ocupen cargos políticos y regresen a la judicatura. "Unas restricciones", matizó, "que me afectarán también a mí". En cualquier caso, defendió su conveniencia "en un momento en que están cuestionados los jueces de ida y vuelta". "EI Gobierno cree que la excedencia es una medida más adecuada que el simple cambio de destino" de los magistrados que vuelvan a ejercer su carrera tras haber pasado por la política, insistió. Mariscal de Gante declaró a Europa Press TV que está plenamente convencida de la constitucionalidad de las restricciones aprobadas por el Consejo de Ministros -tres años de excedencia, forzosa y cambio de destino para los jueces que hayan ocupado cargos políticos- y advirtió que, si opina de modo diferente, Izquierda Unida está en su derecho de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.La ministra hizo frente a los comentarios que han subrayado que el Gobierno ha desatendido las sugerencias que le formuló el Consejo General del Poder Judicial. "No es que no se haya tenido en cuenta su opinión", señaló, "sino que su informe aportaba otra opción [cambio de destino de los jueces sin pasar por una excedencia fórzosa]".La asociación Jueces para la Democracia ha calificado de paradójico que se establezcan plazos para los magistrados que quieran regresar de la política a la judicatura "y no para quienes van a un sector como el privado, en el que los intereses económicos pueden ser mucho más contaminantes que los políticos o los ideológicos".

Desde su perspectiva, deberían merecer distinto trato los jueces que han ocupado un puesto parlamentario que aquéllos que hayan formado parte de un Gobierno nacional o autonómico.