El Gobierno decide que los secretos oficiales permanezcan bajo llave durante medio siglo

La nueva Ley de Secretos Oficiales, que el Gobierno enviará al Consejo General del Poder Judicial próximamente, según acordó ayer, endurecerá considerablemente la normativa actual, que ha permitido a los magistrados entablar un contencioso con los papeles del Cesid. El texto del anteproyecto fija en 50 años el plazo que debe transcurrir para que los documentos secretos dejen automáticamente de serlo. El Gobierno podrá desclasificarlos antes, pero ningún juez estará facultado para obligarle. Los parlamentarios no testificarán sobre ellos y los medios de comunicación que los difundan serán multados con hasta 100 millones de pesetas.

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, dijo ayer que la nueva Ley de Secretos no es retroactiva y no cabe aplicarla al contencioso sobre los papeles del Cesid, pero su articulado responde a los problemas que este conflicto ha puesto sobre la mesa. Además de las férreas condiciones que se imponen, los parlamentarios estarán obligados a no revelar en ningún caso la información secreta recibida. El Gobierno también aprobó el anteproyecto que endurecerá el regreso de los jueces desde la política. Frente a la propuesta del CGPJ, que defendía un regreso inmediato, el Consejo de Ministros impone una excedencia de tres años y la pérdida del destino.

El secretario de Estado Miguel Ángel Rodríguez anunció que los Presupuestos de 1997 serán muy restrictivos. "Se pide un esfuerzo a todos". También ayer, el director de la Oficina Presupuestaria, José Barea, defendió las tasas para transitar por autovías y el llamado ticket sanitario. Páginas 12, 13 y 31