La Asamblea ya asumió pedir un informe arbitral de la plaza de Oriente

La Asamblea de Madrid quería estar segura de los vestigios que se podían encontrar en las obras que el Ayuntamiento iba a emprender en la plaza de Oriente. En diciembre de 1992 el pleno acordó instar al Gobierno regional, en manos del PSOE, para que velase "por la protección del patrimonio arqueológico existente en el subsuelo de la plaza de Oriente y de la calle de Bailén". Espacios urbanos donde el Ayuntamiento de Madrid, del PP, tenía previsto construir un paso subterráneo y un aparcamiento. Los parlamentarios madrileños aprobaron: "Una vez culminado el plan de investigación arqueológica, se someterá el correspondiente dictamen [el que tenían que entregar los arqueólogos municipales] a la resolución del organismo institucional competente [la Dirección Regional de Patrimonio], quien podrá someterlo a informes de las instituciones consultivas que considere oportuno". Algo que no se ha hecho. La Ley de Patrimonio, en su artículo tercero, señala que son instituciones consultivas, entre otras, las reales academias, las universidades españolas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.Sin embargo, sólo se tuvo en cuenta la opinión de uno de los dos directores de las excavaciones, Esther Andreu, que abogaba únicamente por la conservación, fuera del lugar, de los vestigios "de relevancia" encontrados: algunos sillares de la Casa del Tesoro y del Jardín de la Reina (dos construcciones anexas al desaparecido palacio de los Austrias, del siglo XVI). El otro director de las excavaciones, Manuel Retuerce, quería conservarlo todo in situ.

A pesar de las discrepancias se optó por la destrucción de los restos encontrados (fachadas de la Casa del Tesoro y crujías del Jardín de la Reina). El PSOE ve un posible delito en el hecho de que los responsables autonómicos, del PP, no consultasen a estos organismos independientes y se contentasen con la opinión contradictoria de los informes de los dos arqueólogos.

Silencio municipal