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Editorial:

Alarma social

UN VIOLADOR de dos niñas en Bélgica fue condenado en 1989 a 13 años y 6 meses de prisión y puesto en libertad condicional en 1992 por buena conducta. Se llama Marc Dutroux y es hoy el principal sospechoso del secuestro, abuso sexual y asesinato de dos niñas de ocho años en lo que parece parte visible de una siniestra red de pedofilia con conexiones internacionales. El jardín de una de sus viviendas es el de una de esas casas de los horrores que con desgraciada frecuencia aparecen en las crónicas de sucesos, y el clima de indignación de la sociedad no difiere tampoco demasiado del provocado, por ejemplo, en España por el asesinato de tres adolescentes en Alcásser.Las circunstancias de los delitos cometidos en Bélgica parecen especialmente repugnantes, y se entiende que, en esas circunstancias, surjan peticiones de mano dura, desde el restablecimiento de la pena de muerte a la fijación de condenas más duras a los culpables de estos crímenes o el endurecimiento de las condiciones para la libertad condicional.

A la hora de determinar los acortamientos de pena desde una perspectiva de reinserción, la justicia ha de tomar en consideración, además de un criterio de equidad, la peligrosidad del detenido. No es lo mismo la posibilidad de reincidencia de un atracador que la de un asesino compulsivo o la de un violador. La indignación popular ante los fallos de la policía y el sistema penal de Bélgica en este caso tienen, por tanto, fundamento. Pero la justicia tampoco puede actuar a impulsos de los requerimientos inmediatos y en caliente de una opinión. pública excitada por el horror de una situación particular. No puede hacerse ni una justicia a la carta ni una justicia coyuntural, del día a día, que dependa de los vaivenes de una opinión pública impresionada hoy por unos crímenes de niñas inocentes, pero que mañana puede estarlo por los delitos económicos, la corrupción política o los delitos contra la propiedad.

Otra cosa es que se llegue a la conclusión de que no se trata de crímenes excepcionales, sino cotidianos, y que la realidad que esconde el asesinato de las dos niñas en Bélgica es la de una de tantas redes de explotación infantil, que si en el mundo desarrollado supone un fenómeno más o menos controlado y limitado, en el Tercer Mundo es trágicamente habitual. Y es lícito preguntarse si las legislaciones nacionales y las políticas de prevención y lucha están adaptadas a esta realidad, que incluye desde la prostitución a la pornografía infantil o la filmación de vídeos con muertes reales que se venden a precio de oro.

Sobre todo ello puede plantearse un debate, cuyas conclusiones sería prematuro aventurar, pero, en el caso concreto de Bélgica, lo deseable es que, sencillamente, se aplique la ley, con el rigor que determinen los jueces, a quienes se halle culpables tras un proceso justo y con garantías. Para entonces, seguro que ha disminuido la actual presión social y la justicia podrá actuar con criterios nunca dependientes de las cambiantes tendencias de la opinión pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 22 de agosto de 1996