El fiscal Militar solicita 10 años de cárcel para Perote por robar los 'papeles' del Cesid

El fiscal togado del Tribunal Militar Central ha pedido 10 años de cárcel para el coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa del servicio secreto, al que acusa de sustraer al menos 1.245 documentos clasificados, entre ellos los supuestos papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA. En sus conclusiones provisionales, solicita la pena máxima prevista por el Código Penal Militar, que castiga este delito con condenas de tres a 10 años. El juicio contra Perote, recluido en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) desde el pasado 29 de septiembre, debería celebrarse en octubre.

El fiscal acusa a Perote del delito de "procurarse información legalmente clasificada relativa a la seguridad o defensa nacional", que el artículo 53 del Código Penal Militar castiga con penas de tres a 10 años de cárcel.El acusador reclama, no obstante, el máximo castigo, pues aplica la agravante, prevista en el artículo 54 del mismo código, para quien "sea depositario o conocedor del secreto o información por razón de su cargo o destino". Esta circunstancia, a juicio de la fiscalía, no ofrece dudas, pues Perote tuvo acceso a los documentos en su condición de directivo del servicio secreto.

Según el relato del fiscal, el acusado se llevó del Cesid en noviembre de 1991, cuando fue separado del centro, al menos 1.245 microfichas, conteniendo las notas que reflejaban los asuntos despachados por Perote con el director del servicio secreto, Emilio Alonso Manglano, desde noviembre de 1982 hasta octubre de 1989, y las retuvo en su poder un mínimo de dos meses, hasta mediados de enero de 1992.

El ex directivo del Cesid, según el escrito, se llevó las microfichas sin autorización de ningún tipo, burlando todos los controles de seguridad del centro y abusando de la confianza que se había depositado en él.

Durante el tiempo en que guardó los documentos secretos, agrega la acusación, sacó copias de ellos e incluso pudo manipularlos, sin que el Cesid tenga forma de saberlo, ya que el coronel mandó destruir los originales.

El juicio, en octubre

El escrito de conclusiones provisionales fue firmado por el fiscal togado militar José Antonio Jáudenes el pasado 15 de julio, cuatro días antes de cesar en el cargo. Le ha sustituido el general auditor José Carrillo, a quien corresponderá acusar. en el juicio. Tras la fiscalía debe presentar sus conclusiones provisionales el abogado defensor, Jesús Santaella, que previsiblemente -demandará la absolución de su cliente.Salvo que las peticiones de la defensa causen un nuevo retraso -se considera probable que Santaella plantee la nulidad de las actuaciones o la inhibición de la jurisdicción militar en el caso-, el juicio contra Perote, para el que aún no se ha fijado fecha, debería celebrarse en octubre, una vez resueltas las solicitudes de pruebas de las partes.

Éste no es, sin embargo, el único sumario al que se enfrenta Perote en los tribunales militares. El pasado 14 de marzo, el juez Jesús Palomino, que ya instruyó el primer sumario, abrió una nueva causa contra el coronel después de que el juez Baltasar Garzón incautase en su celda los papeles del Cesid sobre los GAL cuya desclasificación ha rechazado el Gobierno.

Este segundo sumario, en el que Perote ha sido procesado por un delito de tenencia ilícita de documentos clasificados, castigado con hasta cuatro años de cárcel, se encuentra paralizado. Ello se debe al conflicto entre Garzón, que pretende que la causa pase a sus manos y se acumule al caso GAL, y Palomino, que defiende la competencia de la jurisdicción militar. La decisión última corresponderá a la Sala de Conflictos del Supremo.

Perote fue detenido el 18 de junio del año pasado, una semana después de que El Mundo publicase documentos que demostraban la realización de escuchas telefónicas sin autorización judicial por parte del Cesid.

El 15 de julio, después de que el Tribunal Militar Central revocase su procesamiento por revelación de secretos, confirmándolo por sustracción, quedó en arresto domiciliario.

Sin embargo, el 29 de septiembre, tras la publicación de nuevos documentos secretos, reingresó en la prisión militar de Alcalá de Henares, en la que continúa.