Un juez federal de Nueva York acepta la demanda de Carlise contra Banesto por información falsa

La demanda de la sociedad norteamericana Carlise contra Banesto ha sido aceptada a trámite y se verá en juicio formal en un periodo que oscila entre tres y seis meses, según decidió el viernes pasado, en una vista previa, el juez federal que entiende el caso en Nueva York. Carlise, filial de la aseguradora Northwestern Mutual Life Insurence, acusa al banco español de haber ocultado información sobre la situación financiera en 1993, dando lugar a que Carlise decidiera aportar 27,5 millones de dólares (unos 3.400 millones de pesetas) a la macroampliación de capital diseñada por Mario Conde.El juez neoyorquino escuchó los argumentos de los abogados de las dos partes. La línea de defensa de Banesto se centra en que la responsabilidad de esos datos es de J. P. Morgan, al ser el banco de inversiones el que elaboró el Memorándum informativo internacional que se presentó a diversos potenciales inversores internacionales para acudir a la ampliación de capital de 95.000 millones de pesetas, cerrada en agosto de 1993. Carlise, por su parte, según la demanda que presentó ante un juzgado federal en Nueva York el 12 de agosto de 1994, acusa a Banesto de proporcionar datos "falsos", "engañosos" y con "omisiones" sobre su situación financiera para que la sociedad norteamericana suscribiera más de dos millones de acciones de Banesto por valor de 27,5 millones de dólares. Y exigió que se le devuelva esa cantidad, más los intereses, gastos y otra cifra a determinar por el juez -en torno a 20 millones de dólares - por daños y perjuicios.En caso de que el juez diese la razón a Carlise, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) español -que se hizo cargo del agujero de Banesto tras la intervención- podría verse obligado a hacer frente a unos 4.000 millones de pesetas. Además, una sentencia en ese sentido podría permitir que los pequeños accionistas, que también acudieron a la macroampliación, pudiesen resarcirse de las pérdidas sufridas, lo que podría suponer para el FGD otros 3.000 o 4.000 millones de pesetas, según fuentes próximas al caso.