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La Guardia Civil no podrá usar contra ETA el sistema informático de las polícias europeas

La negativa del Ministerio del Interior a regularizar los ficheros antiterroristas de la Guardia Civil impedirá que dicho instituto pueda utilizar el banco de datos del grupo de Schengen, que suministra información a las principales policías europeas, en la lucha contra ETA. La Agencia de Protección de Datos (APD), el organismo encargado de velar por los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de la informática, está obligada a comunicar a la autoridad de control de Schengen que los ficheros antiterroristas de la Guardia Civil no cumplen los requisitos europeos en esta materia.

Los países del grupo de Schengen (España, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) han abolido sus fronteras internas pero, para impedir que la libre circulación de personas vaya en detrimento de su seguridad, cuentan con una base de datos común que utilizan sus respectivas policías. La introducción de datos en este sistema informático está condicionada a la existencia de una legislación nacional que garantice que la información suministrada respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos.Por eso, Grecia e Italia, que carecen de leyes nacionales de protección de datos, no son miembros de pleno derecho del grupo de Schengen y no pueden utilizar su sistema informático. Por eso, entre otras razones, España aprobó en 1992 la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales (Lortad), que recoge los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

Expediente sancionador

La negativa de la Guardia Civil, avalada por el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxà, a inscribir sus bancos de datos antiterroristas, con el argumento de que están clasificados como secretos, supone que, de cara a dichos ficheros, es como si la ley española no existiera, por lo que el instituto armado queda en la misma situación que las policías de Grecia e Italia..Fuentes de la Agencia de Protección de Datos (APD) han advertido que su director, Juan José Martín-Casallo, como representante español en la autoridad de control de Schengen, está obligado a comunicar a sus socios europeos que los datos procedentes de los ficheros antiterroristas de la Guardia Civil no cumplen los requisitos exigidos por el acuerdo internacional.

Ésta será, probablemente, la consecuencia más importante del expediente sancionador que la APD ha abierto a la Guardia Civil por negarse a regularizar sus ficheros antiterroristas, en contra de lo que han hecho la policía y la Ertzaintza.

Fuentes de la Guardia Civil argumentan que sus bancos de datos sobre ETA son los más completos que existen y que someterlos a inspecciones ajenas podría poner en peligro la identidad de confidentes o infiltrados en el entorno de la banda terrorista.

El sistema informático de Schengen contiene en la actualidad datos de casi un millón de personas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, que utilizan cada vez con mayor frecuencia dicho banco, han introducido información sobre unos 20.000 individuos, de los que aproximademente el 1% son sospechosos de actividades terroristas.

La Guardia Civil, que inicialmente se negó también a regularizar sus ficheros sobre narcotráfico, acabó sin embargo haciéndolo, después de que el servicio jurídico del Estado dictaminara que estos no están clasificados como secretos.

La legalización de los dos bancos de datos que tiene la Guardia Civil para combatir "el fraude, contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales", denominados Basefis y Operfis, se produjo mediante la publicación de la correspondiente orden ministerial, el pasado 17 de julio, en el Boletín Oficial del Estado.

Críticas de IU

La decisión de Martí Fluxá de anular la orden que dio su antecesora, Margarita Robles, para que la Guardia Civil regularizara sus ficheros antiterroristas, recibió ayer las primeras críticas. Pedro Antonio Ríos, representante de Izquierda Unida en la Mesa del Congreso, enmarcó esta decisión en el "secretismo" con que está actuando el Gobierno de José María Aznar, por ejemplo, al no desclasificar los papeles del Cesid sobre la guerra sucia."Se está agudizando el concepto de ciudadano vigilado más que el concepto de ciudadano que cuenta con una serie de derechos fundamentales", declaró Ríos a Servimedia."Si esas fichas no se mantuvieran secretas", agregó, "nos daríamos cuenta de que la policía y la Guardia Civil han estado produciendo ficheros de ciudadanos normales y corrientes, en los que se anotan datos de su vida privada que no sirven para depurar ningún tipo de responsabilidades penales".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de agosto de 1996

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