Lanzuela promete aclarar la situación legal del camping

El presidente del Gobierno de Aragón, Santiago Lanzuela, y los dos consejeros que le acompañan en la dirección de las tareas de rescate de las víctimas, el de Agricultura, José Manuel Lasa y el de Ordenación Territorial, José Vicente Lacasa, fueron ayer contundentes al afirmar que las instalaciones del camping siniestrado contaban con toda la documentación en regla. Lanzuela insistió varias veces a lo largo del día: "El cámping tenía todos los permisos".En el terreno de las responsabilidades, el propio presidente aragonés señaló que aunque él no es quien para hablar de legalidad, ofrecerá en un informe todos los detalles sobre la situación administrativa del cámping. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca ha abierto una investigación para determinar posibles responsabilidades en la tragedia.

La dirección de las operaciones de búsqueda y rescate tiene ya en su poder toda la documentación relativa al cámping. "Yo ordené, nada más hacerme cargo de la coordinación, la revisión cronológica de todos los trámites que ha seguido la concesión", declaró Lanzuela. La instalación comenzó a tramitarse hace una década.

El cámping se inauguró hace nueve años y para ello fue necesario todo un camino de papeleos que llevó al dueño, Luis Bardají, a requerir información geológica y hidrográfica de la zona relativa al último siglo. Lanzuela reconoció que hay un escrito -"no un informe", puntualizó- de un técnico en hidrología que desaconsejaba la instalación en el emplazamiento ahora arrasado.

Polémicas inoportunas

El presidente aragonés aseguró también que en la documentación sobre el cámping hay escritos en sentido contrario y aludió a la inoportunidad de que, mientras hay víctimas aún por rescatar, se participe en este tipo de polémicas. Lanzuela dijo que está concentrando sus esfuerzos en la localización de los desaparecidos y el restablecimiento de los servicios públicos, como el teléfono, el agua potable y las carreteras.Las críticas formuladas por organizaciones ecologistas sobre la ubicación campista, e incluso las afirmaciones del comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Fermín Molina, sobre el presunto no respeto a la línea de policía (el límite de seguridad de los cauces) fueron rechazadas "por ridículas", desde la dirección de los rescates, ante la magnitud de la tromba.

"¿Quién pide responsabilidades por la construcción del pueblo de Betés, que resultó invadido por las aguas, aunque sus casas de piedra de sillería pudieron aguantar la tromba?", se preguntaba ayer un miembro del equipo de Lanzuela.