Un fondo de saco encadenado

Pasar por el Camino Sur, número 3, de la urbanización La Moraleja, en Alcobendas (87.000 habitantes), se está convirtiendo en una diversión para vecinos de la zona. Desde hace más de dos meses, una decena de trabajadores de la empresa Demoliciones y Vaciados hacen guardia con pancartas de denuncia en la puerta del chalé del empresario inmobiliario Fausto Modino Gago, de 56 años. Según los afectados, les debe 50 millones de pesetas. Ahora, Modino ha colocado una cadena que acordona el final de la calle -conocido al no tener salida, como fondo de saco- que da entrada a su chalé. "La gente nos saluda cuando pasa con el coche o la moto. Algunos trabajadores nos hacen la señal de la victoria o cierran el puño. El colmo es que este señor se adueñe de un paso público", dice Teodoro Berzal, uno de los portavoces de Demoliciones y Vaciados. Hasta el miércoles pasado, la furgoneta de los afectados y algunas pancartas se instalaban en la zona acordonada. Ahora aparcan en la acera y plantan su improvisado campamento ante la policía local.Fausto Modino afirma, sin embargo, que sus acreedores invaden su terreno a diario, ya que el fondo de saco es de su propiedad, pues está incluido en los 13.000 metros cuadrados en que está escriturada la finca. Además, asegura que sólo debe a los trabajadores 14 millones.

"He puesto dos denuncias ante la Policía Nacional por allanamiento de morada, insultos y coacción, pero nadie defiende mis intereses. Me veo obligado a defenderme", argumenta el empresario, quien dice estar sufriendo una grave crisis psicológica por el "acoso" al que le someten los trabajadores. Modino se queja además de que su mujer no puede ir tranquila a misa a la parroquia de La Moraleja porque los trabajadores se trasladan allí todos los domingos para denunciar su situación.

El Ayuntamiento de Alcobendas es tajante al respecto: todas las vías de La Moraleja son públicas, incluidos los fondos de saco. Fuentes municipales señalan que una sentencia del Tribunal Supremo así lo confirma. "Si alguien acordona un espacio público se expone a la denuncia de cualquier ciudadano que quiera pasar por ahí y no pueda", señalan dichas fuentes. Además de la cadena, el empresario ha colocado carteles que rezan "Prohibido el paso. Propiedad privada" en la calle, que comparte además con el embajador de Tailandia.