Lo que no es lógico y lo que sí

NO ES lógico que un juez solicite algo sin saber si lo que pide es legal o ilegal. El del caso Lasa-Zabala, Javier Gómez de Liaño, se propone interrogar a los diputados miembros de la Comisión de Secretos Oficiales sobre ciertos documentos cuyo contenido conocieron en función de su pertenencia a dicha comisión. Lo más sorprendente de la iniciativa es que el propio juez advierte que la realización, de la diligencia queda en todo caso supeditada a que la misma "no implique incumplimiento de obligación alguna" por parte de los miembros de la comisión. ¿No es algo aventurero que un juez se meta en semejante jardín sin apenas meditar -por emplear sus mismas palabras- sobre las consecuencias de ese intento de implicar al poder legislativo en el conflicto que le enfrenta con el Gobierno? ¿No debería, como mínimo, haberse asegurado de la legalidad de la iniciativa antes de colocarla en el encabezamiento de todos los informativos y la primera página de todos los periódicos? ¿O acaso se trataba sólo de esto último?Es difícil no estar de acuerdo con Gómez de Liaño cuando recuerda que de lo que se trata es de esclarecer la verdad de los muy graves delitos investigados", salvando los obstáculos "con propósito decidido, generoso trabajo y firme pulso", y explorando, si fuera necesario, otras líneas de investigación". Pero interrogar a los parlamentarios que conocieron el contenido de algunos de los documentos robados por Perote -y que más tarde fueron utilizados con propósitos chantajistas contra el anterior Gobierno- no es buscar otras líneas de investigación, sino insistir en la misma, tratando de burlar la decisión del Gobierno de no desclasificarlos. O, peor, de ponerle en evidencia utilizando para ello la presión de algunos diputados capaces de apuntarse a cualquier bombardeo. Si la decisión es legal y ha sido adoptada en el marco de las competencias del Consejo de Ministros, según estableció el Tribunal de Conflictos, la insistencia del juez está fuera de lugar.

La representante de Izquierda Unida en la comisión, Rosa Aguilar, consideró ayer insuficiente el pronunciamiento del presidente del Congreso y sugirió que la Cámara pida un dictamen jurídico. Tal vez haya que pedirlo, pero de entrada parece bastante absurdo que un juez pueda utilizar en la instrucción de un proceso declaraciones de personas que han tenido acceso a informaciones reservadas con la condición de que no las revelen. Con carácter general, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime de la obligación de declarar como testigos a los funcionarios públicos -los diputados tienen esa condición- que no puedan hacerlo "sin violar el secreto conocido en razón de su cargo". El equilibrio entre la reserva propia de los asuntos relativos a la seguridad y la necesidad de control parlamentario de los actos del Gobierno se rompería si bastase la petición de un juez para que los parlamentarios, depositarios de esos secretos quedasen eximidos de su deber de guardarlos.

Aparte de esto, el auto de Gómez de Liaño acuerda medidas destinadas a impedir que Galindo pueda obstruir la instrucción, dificultando o impidiendo la práctica efectiva de determinadas diligencias. En concreto, se cita la prohibición de comunicación con los guardias Bayo y Dorado, principales acusados del asesinato de Lasa y Zabala. El juez manifiesta su desacuerdo con el levantamiento de la prisión provisional de Galindo alternando argumentos razonables con afirmaciones discutibles. Lo sustancial es que el juez opina que algunas de las diligencias previstas en relación con la parte secreta del sumario podrían abocar a éste al fracaso si el ex jefe de Intxaurrondo permanece en libertad. Si se trata de partes secretas del sumario, incluso para el tribunal de apelación que resolvió sobre la libertad o prisión provisional, es difícil saber si Gómez de Liaño lleva razón. Pero, en la duda, y a la vista de los antecedentes del caso, parece lógico extremar las cautelas en el sentido señalado por el instructor.