Un magistrado del Constitucional defiende el uso de la videovigilancia

Rafael de Mendizábal, magistrado del Tribunal Constitucional, defendió ayer en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) el uso de cámaras de vídeo en la vía pública para perseguir la delincuencia.De Mendizábal, que participaba en un curso sobre La Audiencia Nacional y la estructura orgánica de los tribunales, indico que, "desde un punto de vista teórico, la intimidad es el derecho a ser dejado solo" y que, "desde el momento en que una persona se sube a un escenario o sale de un mercado a la plaza pública, la verdad es que no quiere estar sola".

Ramón Rodríguez Arribas, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien también participó ayer en el mencionado curso, consideró que plantearse la inconstitucionalidad del anteproyecto de ley que regulará la videovigilancia en las calles del País Vasco "es exagerado" y subrayó que la ley es incluso necesaria.

Arribas estima que la polémica se está desenfocando bastante, ya que lo importante no es sacar películas o fotografías, sino la utilización que se haga de unas u otras, y afirmó que "el uso desviado o no de ese material no van a impedirlo las leyes por muchos reglamentos que se establezcan".

El juez del Supremo argumentó que la Policía lleva mucho tiempo grabando cosas en la calle y no se ha producido ningún escándalo en ese terreno., lo que demuestra, según él, que hasta ahora se está haciendo con cierta normalidad.

Dictamen del CGPJ

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunirá el próximo lunes, día 12, estudiará el anteproyecto de ley sobre la videovigilancia elaborado por el Ministerio del Interior en colaboración con el departamento de Interior del Gobierno vasco.El CGPJ deberá dictaminar respecto a la legalidad de dicho texto para que a continuación se envíe al Consejo de Estado. Tras estos trámites, podría aprobarse como proyecto de ley por el Consejo de Ministros.

El anteproyecto, con el que se pretende combatir la violencia callejera en el País Vasco, establece la colocación de cámaras estáticas o móviles en las calles, aunque prohíbe rodar en espacios interiores como portales o patios y sólo permite el uso de la videovigilancia en espacios públicos.

También recoge el derecho del ciudadano que haya sido grabado a solicitar la destrucción de la cinta, lo que deberá resolver una comisión judicial creada para este fin y a la que estarán adscritos un magistrado del Tribunal Supremo y otro del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La Policía deberá entregar las cintas grabadas a los jueces en un plazo máximo de 24 horas y serán destruidas antes de que hayan transcurrido dos meses desde que fuesen tomadas.