"Vamos a perseguir el fraude fiscal salga quien salga"

El nuevo director general de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo Ramos (47 años), es un inspector de raza. Los grandes casos de fraude fiscal y de corrupción, desde Filesa hasta las cesiones de crédito o la primas únicas, han pasado por su depuradora. Piensa que Hacienda detectó tarde esos escándalos y ahora quiere aplicar el nuevo plan del fraude con una gran dosis de investigación. Las listas de "ricos y famosos" a perseguir le parecen una frivolidad y piensa volcar sus esfuerzos -"salga quien salga"- hacia las "situaciones de fraude".Pregunta. El hecho de que su plan contra el fraude no fije objetivos recaudatorios, ¿puede hacerlo genérico y poco creíble?

Respuesta. Si nos situamos en una valoración simple de lo que es un plan de erradicación del fraude podríamos decir que ha cemos una serie de medidas y que éstas van a proporcionar de' terminados ingresos. Pero eso me parecería un planteamiento poco técnico, demasiado mecanicista y, hasta si me apura, infantil. Las medidas de lucha contra el fraude que nosostros aplicamos consisten en establecer controles selectivos y no pueden tener un efecto absolutamente inmediato. Pueden constituir un revulsivo si se ve una acción muy firme por parte de la, Administración tributaría.

P. ¿Da este año por perdido después de que las actas de inspección hayan bajado un 40% en el primer semestre?

R. Perdido en ningún caso porque algo se ha hecho en lo que llevamos, de año. La, reorientación con arreglo al plan que hemos elaborado ahora queremos que sea un impulso muy vivo. Nos quedan casi seis meses y lo vamos a poner. en marcha ya con toda firmeza.

P. ¿Cree que el anterior equipo carecía de fuerza moral. para exigir un buen cumplimiento fiscal?

R. Siempre he mantenido que una política de ingresos tiene que ir acompañada de una política del gasto entendida por los ciudadanos, que sea muy transparente y con un control muy riguroso. Ahora hay unas condiciones que son positivas para que eso se haga así.

P. ¿Unos impuestos, más bajos facilitan el cumplimiento fiscal?

R. La percepción respecto de la presión fiscal es una cuestión muy subjetiva. Tiene que ver con la comparación de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno y con las situaciones de fraude. Los contribuyentes protestan más bien por los problemas de inequidad; es decir, por percibir que hay algunos que defraudan y otros que pagan más que el de al lado.

P. ¿Es oportuno decir, en plena campaña de renta, que los ricos de verdad no pagan impuestos en España?

R. Desde la dirección de la Agencia no puedo moverme con percepciones subjetivas. Me, imagino que habrá personas que tienen mucho dinero y que tributan con arreglo a la legalidad y otras que no pagan impuestos. Lo que tenemos que hacer es una labor rigurosa y muy técnica para luchar contra el fraude allí donde se produzca. Aunque es evidente que lo que está más controlado son las rentas del trabajo y queremos conseguir que otro tipo de rentas, que han estado menos controladas hasta ahora, paguen también impuestos.

P. ¿La normativa fiscal ayuda o es demasiado compleja?

R. El marco fiscal viene dado, se aprueba por el Parlamento y lo tenemos que tomar como tal. Otro asunto es si la complejidad de las normas tributarias es un obstáculo para que haya una relación equilibrada entre el contribuyente y la Administración. Que remos incidir. en que la normativa sea más transparente, más simple y apoyar al contribuyente en la presentación de declaraciones. P. ¿Los tribunales facilitan la lucha contra el fraude fiscal?

R. La Agencia Tributaria asume los criterios que marcan los tribunales. Lo que ocurre es que hay un problema estructural y los procedimientos en vía judicial se alargan más de lo que sería deseable. La justicia, si no es rápida, deja de ser justicia. Pero esa lentitud de los tribunales en parte también es predicable para las actuaciones de la Administración y lo que queremos es corregirlo. Otra cuestión es la exagerada conflictividad que existe porque muchas actas de inspección son recurridas. Queremos resolverlo mediante una aplicación de la ley muy acorde con los criterios de los tribunales.

P. ¿Qué quiere decir que la inspección ya no se va a hacer con nombres y apellidos?

R. Los planes de inspección fijaban unos objetivos cuantitativos y se determinaban aquellos sectores en los que se entendía que había un riesgo fiscal mayor, por ejemplo, el inmobiliario, el financiero o el de' los profesionales. Después se cogía el censo y se empezaba a actuar. Nosotros ahora hemos cambiado el procedimiento, de forma que delimitamos las situaciones de fraude. y no prejuzgamos que determinado sector sea más defraudador que otro. Vamos a perseguir las situaciones de fraude, salga quien salga, sin censos previos.

P. ¿Un ejemplo es la investigación de las operaciones en divisas?

R. Las operaciones de entradas y salidas de divisas hacia paraísos fiscales, aunque también hacia otros países, aparece ligada. en ocasiones a la salida de rendimientos obtenidos previamente y que no se han declarado. De forma inmediata lo que se quiere es controlar esos pagos e ingresos. Una primera medida concreta es que se van a tener que declarar ese tipo de operaciones junto con el impuesto de sociedades.

P. ¿Cómo van a conseguir que deportistas y cantantes famosos vuelvan a tributar en España?

R. Otra medida es, en efecto, la revisión del concepto de residencia fiscal y del domicilio fiscal declarado. Vamos a ir a la situación real sin perseguir a tal o cual famoso. Lo que queremos es controlar que la normativa actual acerca de la residencia fiscal no se tergiverse, como ocurre en realidad en muchos casos. Pero además lo que queremos es introducir modificaciones normativas precisas para que sea la norma legal un arma jurídica más operativa. Por ejemplo, considerar que cuando hay un cambio de residencia hacia un paraíso ' fiscal durante un primer periodo, más o menos largo, se establezca la necesidad de seguir tributando en nuestro país.

P. ¿En qué cree que van a acabar los grandes casos de fraude, como las primas únicas o las cesiones dé crédito y los escándalos de corrupción?

R. Casi todo está ahora mismo en manos de los tribunales y es verdad que en unos casos éstos han actuado con mayor rapidez y en otros con menos. Habrá que acatar lo que decidan. Pero lo que sí que hay que admitir es que, en algunos o en muchos de estos casos, la Administración tributaria ha llegado después, se ha enterado por los periódicos y ha entrado tarde a investigarlos. Eso queremos evitarlo en la medida de lo posible centrando las investigaciones en las situaciones de fraude. De ahí saldrán nombres, pero no tienen sentido unos planes de inspección cuyo origen sea una serie de nombres y apellidos de personas relevantes. Hay que poner a todos por igual.

P. ¿Cómo van a hacer para que las actas de inspección se cobren?

R. Ahora mismo la recaudación representa algo más de un 40% de la deuda levantada a lo largo del año por la inspección. El problema es que muchas de las actas son recurridas y están un largo periodo de tiempo en los tribunales. Pero, además, hay una importante deuda acumulada de años anteriores. Queremos aproximar las actuaciones de la inspección y la recaudación de modo, que, desde el momento en que se detecte un fraude, se pongan en marcha los mecanismos cautelares para determinar los bienes que tiene esa persona en ese momento.

P. ¿Cómo se van a modificar los plazos de prescripción?

R. Aquí tenemos que resaltar muy claramente las diferencias entre los cumplidores habituales y quienes no declaran. Una de las medidas inmediatas del plan del fraude consiste en ampliar a seis años el plazo para quienes no declaran y acortarlo a tres o cuatro años para los cumplidores. Así se da mayor agilidad al sistema y el contribuyente no estará obligado a guardar los justificantes tanto tiempo.