EL 'CASO GAL'

El tortuoso camino de unos papeles tan públicos como dudosos

Los jueces no pueden autentificar unos documentos que ya tienen en sus manos

La negativa del Gobierno a entregar a los jueces los documentos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA no les impedirá conocerlos, pero les restará cualquier valor probatorio. En los escritos remitidos al Ministerio de Defensa por los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del caso Oñederra; Javier Gómez de Liaño, del caso Lasa y Zabala, y Justo Fernández, del caso Urigoitia, se reproducen textualmente los documentos secretos cuya desclasificación se solicita.Los tres magistrados los tienen en su poder porque Garzón los incautó el pasado 8 de febrero en la celda que el ex directivo del Cesid Juan Alberto Perote ocupa en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). El problema, para ellos, consiste en verificar su autenticidad, ya que en la celda no se encontraron los documentos, sino una transcripción mecanográfica. El propio Perote ha asegurado que le fueron enviados anónimamente y ha dado explicaciones confusas, cuando no contradictorias, sobre su veracidad.

Si hubiese reconocido que se trata de documentos del Cesid, Perote estaría confesándose culpable de un delito de tenencia ilícita de información secreta, por el que le ha imputado el juez militar. Con su petición, los jueces pretendían que el Gobierno autentificara los documentos que ya poseen, blanqueando unas pruebas de origen dudoso.

El camino seguido por los papeles del Cesid para llegar hasta los juzgados ha sido tortuoso. El primer documento difundido fue la llamada acta fundacional de los GAL, un estudio teórico fechado en julio de 1983, en vísperas del inicio de las acciones ilegales contra ETA, que el ex socialista Ricardo García Damborenea entregó a Garzón el 6 de septiembre.

Damborenea aseguró que se lo había dado, diez años antes, el fallecido comandante Diego Somonte, ex delegado del Cesid en el País Vasco, pero las sospechas se dirigieron hacia Perote. El 15 de julio había salido de prisión, donde pasó un mes por su presunta relación con la difusión por el El Mundo de documentos sobre las escuchas telefónicas del servicio secreto.

Ratificación de Perote

Fue precisamente Perote quien ratificó ante Garzón la autenticidad del acta fundacional, de la que él era autor. Además, instruyó al juez sobre, la veracidad de otros documentos sobre la guerra sucia reproducidos por El Mundo. Incluso le ofreció su versión del acrónimo "Pte", que acompañaba a la nota de 28 de septiembre de 1983, en la que se alertaba del inicio de acciones armadas en el sur de Francia. Según Perote, la anotación manuscrita del entonces director del Cesid, Alonso Manglano, significaba que el asunto se iba a despachar con el presidente Felipe González.El 20 de septiembre, un día después de difundirse la entrevista de González con el abogado del ex banquero Mario Conde y del propio Perote, Jesús Santaella, El Mundo publicaba el documento sobre la presunta manipulación de pruebas en la muerte de la etarra Lucía Urigoitia. A diferencia de anteriores ocasiones, el diario no se limitó a transcribir el documento, sino que publicó una fotocopia. Nueve días después, Perote volvió a prisión.

Garzón requirió a los entonces responsables del Cesid y al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, para que le entregasen los papeles descritos por El Mundo y Perote, bajo amenaza de acusarles de un delito de falta de colaboración con la Justicia. El Gobierno socialista planteó el 15 de octubre un conflicto de jurisdicción que el Tribunal Supremo falló dos meses después, dando la razón al Ejecutivo y dejando en sus manos la decisión de desclasificar o no los documentos secretos. Como era previsible, el 13 de enero el Consejo de Ministros decidió no entregar a Garzón los papeles.

El cambio de Gobierno y el registro de la celda de Perote sirvieron a Garzón para replantear y ampliar su petición el 16 de mayo. Al acta fundacional y a la nota del "Pte." se sumaron otros documentos, hasta un total de 18, referidos a la participación de agentes del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) en acciones ilegales contra ETA. El 20 de mayo era Gómez de Liaño quien reclamaba cuatro documentos secretos sobre la desaparición y asesinato de Lasa y Zabala. El mismo camino siguió el entonces titular del Juzgado número 2 de San Sebastián, Justo Fernández, respecto al documento sobre la muerte de Lucía Urigoitia.

Ante estas peticiones, el Ejecutivo del PP decidió tomarse su tiempo y, tras recabar todos los informes jurídicos del Ministerio de Defensa, consultó incluso al Consejo de Estado. Su respuesta, hace dos semanas, fue la única posible: que resolver la patata caliente correspondía al Gobierno.

Sobre la firma

Miguel González

Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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