Clinton y los pobres

EL OPORTUNISMO político, antes que la sensibilidad social, lleva al presidente demócrata de EE UU a aceptar la reforma radical del sistema de apoyo a los más necesitados -el llamado welfare (bienestar o beneficencia)- propuesta por la mayoría republicana en el Congreso. Aunque las encuestas le otorgan una ventaja de 20 puntos sobre el republicano Robert Dole en las elecciones presidenciales de noviembre, Bill Clinton no quiere ningún cabo suelto. Desactiva así esta cuestión que Dole quería plantear en la campaña. Los más afectados, además, son los que no votan o no suelen ejercer su derecho de sufragio. La clase media está a favor de la transformación.Clinton había prometido en la campaña de 1992 "acabar con el welfare tal como lo conocemos". Pero fracasó en su empeño en un tema que le robó la mayoría republicana en el Congreso con unas propuestas que Clinton tuvo que vetar. Clinton quería reformar el welfare, pero no recortar sus gastos. La transformación aprobada puede ahora suponer unos ahorros de 55.000 millones de dólares (unos siete billones de pesetas) al erario público estadounidense.

La idea que subyace a esta reforma es convertir estas ayudas a los más pobres en "una segunda oportunidad" en vez de una "forma de vida" que atrapa a los necesitados en un círculo sin salida, como señala Clinton. Las ayudas a los pobres se utilizarían no ya tanto para adecentar su nivel de vida, sino para integrarlos en el mundo laboral con programas de formación y otras medidas. Dicho enfoque, con otros contenidos, está también muy presente hoy en día entre, por ejemplo, los laboristas británicos. En Estados Unidos, un país con 38 millones de pobres, y con desigualdades sociales mayores que en Europa, si bien con una tasa de desempleo muy inferior a la europea, los efectos de la nueva legislación distan mucho de estar claros.

Los primeros afectados serán los inmigrantes legales. Hasta pasados cinco años de su llegada oficial a EE UU no tendrán derecho a las prestaciones sociales de esta beneficencia. Tampoco a votar, aunque sí a entrar en las fuerzas armadas. Los ilegales, por supuesto, se ven excluidos de tal beneficencia, y sólo tendrán derecho a la asistencia sanitaria en caso de emergencia.

Cinco anos será el límite máximo de percepción de estas prestaciones sociales para todo estadounidense, pero antes de dos años, el beneficiario tendrá que haber encontrado un empleo. El que se niegue a trabajar dejará de percibir estas aportaciones, en las que la ayuda alimentaria queda drásticamente reducida. Las madres solteras pueden ver sus complementos sociales reducidos *en una cuarta parte si no colaboran en la identificación de los padres de sus vástagos. Las madres de menos de 18 años pueden dejar de recibir las prestaciones actuales, y se les puede obligar a seguir en el colegio y a vivir, con adultos. Junto a estos drásticos recortes y nuevas condiciones, la nueva ley propone 14.000 millones de dólares (3.000 millones más que anteriormente) para el cuidado de los niños, de modo que permitirá a varios miles de mujeres poder aceptar empleos. Junto a esto, los Estados federados cobran mayor autonomía frente al Gobierno central en la gestión de capítulos enteros de lo que queda de welfare. La asistencia médica para los más necesitados se mantiene, si bien con cortapisas.

La votación ha dividido a un Partido Demócrata que está en el origen de este welfare de 61 años de antigüedad. La obra de legislación social más significativa del mandato de Clinton, como se la ha calificado, refleja que los nuevos demócratas que decía representar Clinton son más conservadores. Clinton ha ocupado el centro político y pretende preservarlo. El segundo -y último- mandato de un Clinton que ya no esté preocupado por su reelección puede resultar interesante. Clinton ya ha prometido que en la siguiente legislatura revisará algunos extremos de esta reforma.