Aznar quiere zanjar hoy la petición judicial de papeles del Cesid

Tres meses ha tardado el Gobierno de José María Aznar en analizar y resolver una de las más incómodas patatas calientes recibidas de la etapa política anterior, la petición de tres jueces para que se levante el secreto de una veintena de documentos del Cesid, el servicio secreto militar. El presidente del Ejecutivo tiene la intención de dejar hoy zanjado el asunto en el Consejo de Ministros, inmediatamente antes de la desbandada para las vacaciones de verano.Aznar escuchará el parecer de los ministros que quieran pronunciarse, según fuentes de La Moncloa, y presentará una pro puesta que, con toda probabilidad, será la que predomine. En el consejo existen tres opiniones diferentes. El titular de Defensa es partidario de no desclasificar ningún documento secreto.

Otro sector quiere entregar los papeles, preocupado por mantener la coherencia con las duras críticas que el PP dedicó al Gobierno de Felipe González, afirmando incluso que los documentos no afectan a la seguridad del Estado y que si el Ejecutivo del PSOE no los entregaba era para protegerse. De forma pública, se han alineado con esta opinión ministras como Loyola de Palacio (Agricultura), Isabel Tocino (Medio Ambiente) y Margarita Mariscal de Gante (Justicia).

Un tercer sector del Gobierno cree que deben entregarse algunos documentos, para que puedan ser incorporados a los sumarios sobre los GAL y la guerra sucia contra ETA, y otros, en cambio, deben permanecer secretos porque afectan a la seguridad del Estado.

Solución intermedia

Este último es el criterio del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Por la solución intermedia con matices aboga también el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, según fuentes del Ejecutivo. Álvarez Cascos, sin embargo, no ha querido pronunciarse en público y fue el encargado de recordar a algunos ministros que la decisión sería colegiada y que no valía fijar en público posiciones personales.El primer juez que solicitó documentos del Cesid fue Baltasar Garzón, que instruye el caso Oñederra por cuatro asesinatos, entre ellos el de la primera víctima de los GAL, Ramón Oñederra, Kattu. Garzón fue informado de la existencia de documentos por el coronel Juan Alberto Perote, actualmente procesado por la sustracción de material clasificado del Cesid; a través de un anónimo que recibió en el juzgado, y por la publicación de algunos de los papeles en El Mundo, diario al que se los requirió.

Más tarde, solicitaron también documentos secretos Javier Gómez de Liaño, instructor de la causa por el secuestro, tortura y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, y el titular del Juzgado número 2 de San Sebastián, que investiga el presunto intento de falsear pruebas sobre la muerte de la activista de ETA Lucía Urigoitia.