El fiscal del Estado afirma que no hay una rebelión

El fiscal general del Estado, Carlos Granados, declaró ayer a la Cadena SER, antes de que se conociera la posición de Rubira, que cada situación de prisión incondicional es distinta y que por tanto no se puede comparar el caso de Rodríguez Galindo con el de otros presos preventivos. Granados salió así al paso de lo que se ha denominado rebelión de los fiscales de la Audiencia Nacional. El fiscal afirmó que no puede considerarse que ha habido una rebelión por haberse expuesto diferentes opiniones.Los fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, María Dolores Márquez de Prado y Pedro Rubira no han presentado aún el escrito que tienen preparado para el caso de que Galindo sea puesto en libertad. En el documento se piden instrucciones al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, por entender que puede existir agravio comparativo entre la situación del general y la de otros reclusos. A su entender, el principio de igualdad ante la ley afecta a todos los preventivos.

Granados afirmó que el hecho de que se sustituya la prisión incondicional de Galindo por otra prisión eludible mediante fianza es razonable, puesto que el juez ya dijo que el general no va a tratar de eludir la acción de la justicia y el riesgo de que pueda quebrantar o frustrar la investigación ya no existe por el tiempo transcurrido y las diligencias practicadas.

Agravante

Por otra parte, el líder del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, se mostró ayer contrario a la libertad bajo fianza de Galindo. Para Arzalluz, el hecho de que el general pertenezca a un cuerpo militar y policial no debe considerarse un atenuante, sino en todo caso un agravante porque está obligado a dar ejemplo, informa "Un guardia civil a quien se le acusa de hechos tan graves, eso es un agravante, no un atenuante...", dijo el dirigente nacionalista. "Al fin y al cabo, es una persona obligada por su profesión a hacer cumplir la ley. Si hay una acusación seria hay que tener más rigor con él que con otros".

Arzalluz se mostró favorable a la posición de los fiscales que se rebelaron contra la petición del fiscal general del Estado, Carlos Granados, al entender que conceder el beneficio de la libertad provisional a una persona procesada por un presunto delito de detención ilegal, torturas y asesinatos, sería un agravio comparativo para otros presos. "Yo estoy con esos fiscales en que en todo caso la discriminación debería ser negativa", declaró Arzalluz en la localidad guipuzcoana de Mutriku.