El fiscal Rubira desobedece a Granados y pide que el general Galindo siga en la cárcel

El fiscal Pedro Rubira desobedeció ayer las órdenes del fiscal general del Estado, Carlos Granados, y solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva para el general. Enrique Rodríguez Galindo, procesado por secuestro, torturas y asesinato en el caso Lasa-Zabala. Rubira mantuvo esta posición en la vista de apelación, celebrada a puerta cerrada, de los recursos presentados contra los autos de prisión por el general y otros tres procesados en la misma causa, Pedro Gómez Nieto, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal. El tribunal se pronunciará previsiblemente hoy sobre el caso.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, había ordenado por escrito a Rubira que no se opusiera a la libertad bajo fianza de Galindo. En el escrito se aludía a órdenes verbales del fiscal general del Estado y se interesaba de Rubira que mantuviera en la vista de los recursos una posición favorable a la libertad bajo fianza del general.Rubira sólo cumplió la orden en parte, Tras mantener que Galindo debe permanecer en prisión preventiva por existir indicios de que ha intervenido en delitos muy graves, que tienen señalada pena superior a los 30 años de prisión, el máximo previsto en la legislación española, el fiscal sugirió que si el tribunal se decanta por la libertad provisional se le imponga al procesado una fianza.

El fiscal, como argumento de su petición alternativa, leyó el párrafo segundo del artículo 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice: "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, aunque el delito tenga señalada pena superior a la de prisión menor [entre seis meses y seis años], cuando el inculpado carezca de antecedentes penales o éstos deban considerarse cancelados y se pueda creer fundadamente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia y, además, el delito no haya producido alarma ni sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio donde el Juez o Tribunal que conociere de la causa ejerce su jurisdicción, podrán éstos acordar, mediante fianza, la libertad del inculpado".

Argucia

Rubira utilizó una argucia jurídica que le permite el artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal, aunque no consta que lo invocara expresamente en la vista. El citado precepto señala: "El fiscal que reciba una orden o instrucción concerciente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia".No obstante, si los superiores de Rubira, José Aranda, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, o Carlos Granados, fiscal general del Estado, o la inspección fiscal considerasen que las órdenes han sido incumplidas, podrían exigirle responsabilidad disciplinaria por falta muy grave prevista en el artículo 62.1 del mismo estatuto, "el incumplimiento de las órdenes recibidas en la forma establecida".

Este periódico intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con Aranda y Granados para recabar su versión de los hechos. La intervención de Rubira en la vista se inició con la petición de que se acumulen los recursos de Galindo y sus subordinados contra el auto de prisión y los de procesamiento, aunque no solicitó la suspensión del acto. Para el fiscal, ambos autos están relacionados y, de hecho, en el de procesamiento se confirma el de prisión, dictado con anterioridad. El fiscal adujo como precedente que esa acumulación se hizo en el caso de Rafael Vera.

Fueron los abogados de la acusación particular y de la acción popular quienes reclamaron la suspensión de la vista para que se acumulasen los recursos contra ambas resoluciones y para que se reclamase un testimonio del contenido del sumario -acordado por el juez instructor-, de forma que el tribunal tuviera plena información sobre los delitos que se imputan a los cuatro procesados.

El tribunal denegó la suspensión, aunque afirmó que se pronunciará sobre la cuestión en la resolución que dicte. La vista se desarrolló durante más de cuatro horas, debido a que Jorge Argote y José María Fuster Fabra, abogados de los procesados, defendieron de la necesidad de que Galindo, Gómez Nieto, Dorado y Bayo salgan en libertad provisional.

Argote argumentó de forma general que el caso Lasa-Zabala está construido en base a testigos de referencia, sin pruebas de cargo, y unos documentos secretos supuestamente atribuidos al Cesid, de los que desde hace tiempo se espera una desclasificación que no llega. Fuster, por su parte, realizó una defensa más técnica, basada en los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional para mantener la prisión. Según su criterio, en este caso no se cumplen ya que no hay alarma social por hechos ocurridos en 1983 ni existe peligro de que Galindo y los ex guardias de Intxaurrondo eludan la acción de la justicia.

Las acusaciones respaldaron la posición del fiscal de considerar que los delitos -secuestro, tortura y asesinato de los presuntos miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala- son muy graves y las penas que corresponderían, las máximas previstas.

Riesgo de fuga

Además, argumentaron que existe el peligro cierto de que Dorado y Bayo huyan de España, puesto que antes de ingresar en prisión se sentían protegidos por sus superiores y ahora no.Respecto a Galindo, precisaron que su puesto de asesor del director de la Guardia Civil le sitúa en una situación privilegiada para destruir o manipular pruebas de interés para la causa. Esta situación también afecta a Gómez Nieto, teniente de la Guardia Civil y jefe de los grupos Omega, también conocidos como Patas Negras, creados por Roldán.

El juez instructor, Javier Gómez de Liaño, acordó el 23 de mayo pasado la prisión del general por entender que existen en el proceso "indicios con racionalidad suficiente para considerarle provisionalmente responsable de los delitos investigados, es decir, detención ilegal, torturas y asesinatos de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala".

El juez consideraba necesaria la medida de prisión, porque la libertad del imputado podría implicar obstrucciones en el proceso. El tribunal resolverá en los próximos días, aunque fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que, muy probablemente, lo hará hoy.