Capitalismo popular o bancarización de la economía?

Al proyecto de privatización de empresas y actividades públicas, planteado como una imprescindible reducción del peso de lo público en la economía española, le falta explicitar y posibilitar su objetivo último, la potenciación del capitalismo popular, y le sobra intervención bancaria.Con el incomprensible visto bueno del Banco de España, con su silencio al menos, las instituciones financieras parecen haber comenzado a invertir masivamente en el proceso de privatizaciones que se anuncia. Porque una cosa sería intermediar la venta y otra invertir, formar núcleos duros y ocupar los consejos de administración, condicionando y dirigiendo la gestión empresarial.

Si el proceso que comenzó La Caixa, con el apoyo y la presión de la Generalitat, se amplía y generaliza, se habrá dado un giro de 180 grados a una política de restricción de inversiones bancarias en el capital de empresas no financieras, que ha sido una constante de la política económica española desde mediados de los años setenta.

Esa política respondía, y responde, a la mala experiencia de la banca mixta en España, que está en el origen de la crisis bancaria de mediados de los años setenta, que se materializó en el paso del 30% de los depósitos del sistema por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Peor aún fue la experiencia de las empresas participadas por la banca, pues los intereses, preparación y objetivos estratégicos de los representantes de la banca eran, y son, radicalmente diferentes de los de los empresarios no financieros.

La decisión de delimitar la participación bancaria en las empresas significó, en su momento, un terrible golpe a la financiación de las empresas, que no sólo no fue sustituido por alguna otra alternativa dé financiación a largo plazo, sino que coincidió con un aumento de la fiscalidad que ha impedido un aumento suficiente de fondos propios de las empresas no financieras. La combinación de esos dos procesos, junto con una fiscalidad que ha considerado indeseable e innecesario el ahorro privado y el mantenimiento de la legislación laboral del franquismo, han sido uno de los determinantes básicos de la crisis de crecimiento y empleo que sufrimos desde hace años.

La salida a esta situación sólo es posible continuando la política que ha comenzado el Gobierno, con las nuevas disposiciones sobre plusvalías y actualización de balances, que si se combinan con una reforma del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio permitirán mayor ahorro privado y una mejor capitalización empresarial. Una salida falsa sería, en cambio, permitir que las instituciones financieras volvieran a participar en la propiedad y gestión de las empresas no financieras.

Por supuesto que una cosa es que las grandes entidades financieras, bancos o cajas, que, tengan equipos preparados y habituados a comprar y vender, participen en la aventura de la privatización de grandes empresas, que suelen ser detentadoras de monopolios de derecho, como intermediarios, y otra que todo tipo de entidad financiera, del tamaño que sea, participe no sólo para intermediar la venta, sino como inversor último de empresas más pequeñas, no monopolistas, sin grandes beneficios, y con necesidades de reorganización interna.

Piénsese en las decenas, o centenares, de empresas y actividades económicas públicas de ámbito regional o local que puede terminar en manos de bancos más pequenos, o de cajas de ahorro, que no podrán, por condicionamientos políticos locales, vender esas participaciones o tomar decisiones empresariales que signifiquen ajustes de plantilla las empresas pierden mercado el más que seguro fracaso empresarial que acabará por producirse si la estrategia la deciden los responsables bancarios.

Tanto las grandes como las pequeñas instituciones financieras, con las naturales excepciones, han sido malas gestoras de empresas no financieras. Son mundos antagónicos, con culturas distintas, tiempos de maduración diferentes y gestores no intercambiables fácilmente.

La contaminación de un mala gestión en grupos bancarios con una fuerte participación empresarial puede partir tanto de un negocio bancario en rétroceso como de unas inversiones empresariales en actividades que entrar en crisis. El paraguas que proporciona el monopolio de creación de depósitos significa que las crisis de estos conglomerados siempre se detectarán tarde, con un tremendo coste presupuestario, de actividad y de empleo.

Es igualmente incomprensible el silencio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores respecto a si la adjudicación de paquetes significativos de acciones de sociedades cotizadas en Bolsa de empresas públicas en proceso anunciado de privatización constituye una violación o, en términos más suaves, una omisión del cumplimiento de las normas que regulan el inside trading. Representantes muy cualificados del sector bancario han utilizado también, como argumento para justificar la participación de la banca en el proceso de privatización, el exceso de liquidez y el descenso de márgenes financieros por la disminución de los tipos de interés que experimenta, el sector en este momento.

Es evidente que cuando esa situación se produce surge la tentación de participación en empresas que puedan aportar al accionista bancario dividendos y plusvalías, en lugar de tener que mantener el margen financiero bajando los costes de transformación. La pretensión de recuperar rentabilidad invirtiendo en empresas en lugar de reducir los costes de transformación debería ser cortada de raíz por la autoridad monetaria. El privilegio de la banca -el monopolio de creación de dinero- tiene que compensarse, cuando menos, impidiendo la especulación y el riesgo que significan las inversiones en empresas no financieras.

Por supuesto que no estoy hablando de lo que cualquier grupo financiero decida hacer con sus fondos propios, en la medida en que sean superiores a los mínimos de solvencia que exigen tanto las directivas comunitarias como la regulación del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Si son fondos excedentarios, los gestores pueden decidir en qué los invierten, sin ninguna limitación.

Los destinatarios lógicos del proceso de privatización son los ciudadanos, que pueden, de esta forma, invertir sus ahorros, directamente o a través de fondos de inversión, de pensiones o de compañías de seguros, en acciones de sociedades antes de propiedad pública.

El proceso de disminución del tamaño de lo público estará incompleto si se olvida que el objetivo último no es obtener ingresos públicos con su venta, ni disminuir las subvenciones y transferencias presupuestadas; el objetivo último es permitir que funcione la economía de mercado, que se acumule capital en manos privadas y que se pueda invertir en empresas no financieras.

Para conseguirlo es preciso modificar la legislación fiscal, imponer la neutralidad fiscal más estricta y eliminar las regulaciones que impiden el desarrollo de la actividad productiva en España, con lo cual llegamos, nuevamente, al campo de las reformas estructurales pendientes: reforma laboral, fiscal, de las administraciones públicas y de los múltiples mercados y sectores intervenidos.

Sólo si se hacen esas reformas será posible que la actividad empresarial no financiera se expansione sobre bases estables y que no sea una insensatez aconsejar a los ciudadanos españoles que inviertan sus ahorros en empresas no financieras o detentadoras, de hecho o por derecho, de algún monopolio.

Si el proceso de privatización se bancariza y termina con el control bancario de empresas no financieras, grandes o pequeñas, habremos hecho un flaco favor tanto a la banca como a las empresas privatizadas; y si se posibilita que los ciudadanos participen, directa o indirectamente a través de fondos de inversión o pensiones, en el capital de las empresas privatizadas sin hacer previa o simultáneamente una política de reformas, se corre el riesgo de asestar un tremendo golpe ala confianza de los españoles en una política económica centrada en la privatización y en la disminución del tamaño de lo público.