Las pruebas sobre el pago ilegal de comisiones de Focoex en Uruguay son falsas, según los peritos

Las acusaciones del diputado uruguayo Leonardo Nicolini según las cuales miembros del anterior Gobierno uruguayo percibieron comisiones ilegales en las operaciones comerciales con la empresa española Focoex, se han derrumbado con estrépito. Los peritajes caligráficos pedidos por la comisión del Parlamento que investiga estas operaciones demuestran que dos faxes, aportados por Nicolini como prueba del pago de las comisiones, "fueron manipulados" y "están falsificados". Asimismo, la telefónica uruguaya ha determinado que tales faxes no fueron enviados a España. El escándalo de las comisiones se esfuma mientras los partidos blanco y colorado pactan el final de las actuaciones políticas.

La comisión del Parlamento uruguayo que investiga presuntas irregularidades en las operaciones del Estado uruguayo con la empresa española Focoex (Fomento de Comercio Exterior) se ha cerrado con gran escándalo. Dos peritos calígrafos contratados por la comisión han determinado que las pruebas presentadas por Nicolini -dos faxes sobre el pago de supuestas comisiones a miembros del Gobierno anterior por parte de la empresa española- son falsas y están manipuladas. Las tan anunciadas pruebas de corrupción, que Nicolini había mantenido en secreto y que provocaron una amenaza de escándalo sin precedentes en Montevideo, son simples falsificaciones. De las acusaciones de Nicolini se hicieron eco en repetidas ocasiones el diputado de IU Francisco Frutos y el diario El Mundo, que dedicó al asunto grandes despliegues informativos y comentarios editoriales.Las se vuelven ahora contra Nicolini, instigador de las acusaciones de corrupción, según las cuales miembros del Gobierno de Luis Alberto Lacalle habían recibido sustanciosas comisiones por las compras de suministros de sanidad y material educativo a Focoex. Estas compras, por importe de 130 millones de dólares (16.250 millones de pesetas al cambio actual), estaban referidas a un crédito FAD concedido por el Gobierno español al uruguayo. El Gobierno de Uruguay promoverá la aplicación de sanciones a Niciolini por presentar documentos falsos.

Nicolini, diputado del Frente Amplio, presentó ante la comisión, como prueba de su tan repetida acusación de pago de comisiones ilegales, dos faxes, supuestamente enviados por el agente comercial de Focoex en Suramérica Walter Estellano a autoridades de la empresa española en Madrid. Tales faxes, que ahora se sabe son falsos, sugerían a la empresa española, presidida por Roberto Cuñat, la urgencia de "arreglar comisiones".

El fraude no termina ahí. Antel, la telefónica uruguaya, ha determinado además ante la comisión que "no se ha registrado la transmisión de los documentos citados". Es decir, no solamente los textos de los faxes son falsos, según los calígrafos, sino que tampoco fueron enviados a sus supuestos destinatarios.

Ante el fiasco de las supuestas pruebas, fuentes autorizadas han asegurado que el Partido Blanco y el Colorado, la coalición que gobierna en Uruguay bajo la presidencia de Julio Sanguinetti, han llegado a un acuerdo para archivar las actuaciones políticas que consiste en elaborar un informe común en el que se manifieste la ausencia de pruebas. Además, se pedirán fuertes sanciones para Nicolini. El informe irá al Parlamento y se prevé que a mediados de agosto un Pleno tomará la determinación.

Las acusaciones de Nicolini, fundadas según se sabe ahora en falsificaciones, fueron continua mente recogidas en España y utilizadas en campaña política contra Focoex y una sociedad frecuentemente asociada como asesora en operaciones sanitarias y educativas, Eductrade. Nicolini centró su denuncia en la opera ción que el Estado uruguayo instrumentó con Focoex para el su ministro de material pedagógico y de sanidad, pagado con un crédito FAD. Según el diputado del Frente Amplio, Uruguay pagó sobreprecios por el material, parte de los suministros eran defectuosos y se pagaron comisiones por encima de lo legalmente permitido. Poco a poco, ante la falta de pruebas, Nicolini abandonó los dos primeros argumentos para centrarse en las supuestas comisiones.

Ahora, las autoridades uruguayas pueden investigar la procedencia de los documentos falsificados. Según Reuter, Nicolini dijo que los documentos los había obtenido de diputados españoles. El diputado del Partido Nacional uruguayo Jaime Trobo declaró ayer: "Ahora nos toca a nosotros la época de averiguar y yo descarto que los hayan recibido de diputados españoles. Creo que estamos cerca de probar que eso no es así".