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González advierte a Pujol que la política pactada con el PP producirá a España un daño irreparable

Anabel Díez

Después de cuatro meses sin verse, Felipe González, ex presidente del Gobierno, y Jordi Pujol, presidente de la Generaliítat de Cataluña, constataron el sábado por la tarde que les es fácil tener una charla de más de cuatro horas con un alto nivel de entendimiento, si no en lo político, sí en lo personal. González, no obstante, auguró que la política económica que ha pactado con el PP llevará a España, a medio plazo, a un desajuste estructural muy grave por la caída de los ingresos. Pujol, según contó González, le dio a entender que el PP se había comprometido a unas medidas a las que no piensa renunciar.

La Ejecutiva Federal del PSOE habló ayer de esta reunión y, además, expresó su preocupación por lo que cree "política de intolerancia" del PP, sobre todo, por la forma en la que ha sacado de España a 103 africanos, hecho que fue calificado de "violación de los derechos humanos".La ejecutiva conoció ayer por boca del propio González que el sábado se reunió con Jordi Pujol en Madrid, en la sede electoral de la calle de Gobelas, por espacio de casi cinco horas en las que hubo almuerzo incluido. Los ejecutivos consultados reconocen que en cuestiones de fondo hubo puntos de vista muy diferentes, pero que la importancia de esta reunión estaba en el hecho de encontrarse después de cuatro meses en los que sólo ha habido conversaciones telefónicas. En lo personal, cordialidad a raudales. En lo político, discrepancias. Eso fue, al menos, lo que González transmitió a sus compañeros de la entrevista con Pujol.

González hizo un análisis ante Pujol en el que dibujó un panorama sombrío basado en las primeras medidas de su pacto con el PP en materia económica. A medio plazo, vino a decir González, los acuerdos entre los populares y CiU traerán graves consecuencias para España. Según los informantes, "la caída de los ingresos se acabará notando". El líder socialista reconoció a Pujol que tales efectos nocivos no se notarán de inmediato y la cuenta de resultados del Banco de España correspondiente al ejercicio 1996-97 será buena.

También las privatizaciones de las empresas públicas ayudarán a la reducción del déficit. Y no sólo eso. Los efectos de la caída de los ingresos se verá minimizada por el recargo que supondrá para las empresas el que en 1997 se acojan a la regularización de balances. Será a medio plazo, dentro de tres o cuatro años, cuando España se resienta del importante "desajuste estructural" de su economía.

Lo cierto es que González contó ayer a los miembros de la ejecutiva lo que él le había dicho a Pujol, pero no fue muy explícito en cuanto a la respuesta que el presidente de la Generalitat le dio. Al parecer, Jordi Pujol compartió algunos de los análisis de González, pero no tanto sus consecuencias. Y, sobre todo, siempre según fuentes socialistas, Pujol se mostró firme respecto a que será inflexible en la exigencia de que el PP cumpla lo pactado.

No hubo problemas en el análisis que ambos políticos hicieron de otras cuestiones. Pujol y González compartieron su preocupación por "la judicialización de la política y por el posible rebrote del terrorismo".

Fue la responsable de emigración del PSOE, Matilde Fernández, quien sacó el asunto a colación. Al final de la reunión el secretario de organización, Cipriá Ciscar, no dudó en calificar de "violación de los derechos humanos" lo ocurrido. González dijo en la reunión que el PP está poniendo de manifiesto un talante intolerante.

Todo esto, junto "a la actuación de RTVE", la consideración de la religión como asignatura obligatoria y "la falta de sensibilidad hacia el hecho cultural", constituye un cuadro que Ciscar utilizó para afirmar que que el Gobierno del PP se empieza a caracterizar por la intolerancia.

El responsable de administración y finanzas, Francisco Fernández Marugán, informó a la ejecutiva de los presupuestos para este año correspondientes a los gastos de la Ejecutiva Federal que ascenderán a 8.091 millones.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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