Interior instalará vídeos para vigilar las calles de Euskadi si obtiene respaldo jurídico

JESÚS DUVA El Ministerio del Interior tiene ya elaborado un borrador sobre el proyecto de ley orgánica en el que pretende basarse para poner en marcha un plan de videovigilancia con el objetivo de luchar contra el vandalismo callejero de grupos afines a ETA. El ministro Jaime Mayor Oreja y el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, presentarán mañana en Madrid el texto, que será sometido a dictamen previo del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial para evitar problemas legales como los que surgieron en 1993 con algunos artículos de la llamada ley Corcuera. El proyecto no será aprobado previsiblemente hasta que se celebre el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones, a finales de agosto.

Mayor cree que la instalación de cámaras de vídeo en determinadas calles del País Vasco que suelen ser escenario de algaradas no vulnera la intimidad de los ciudadanos. Pero él mismo reconoció el pasado 25 de junio en el Congreso sus dudas sobre la posibilidad de que, en cambio, sí viole determinados derechos y libertades fundamentales.El ministro del Interior no quiere que le suceda lo que al socialista José Luis Corcuera, que se empeñó en sacar adelante la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y después resultó que uno de sus artículos era inconstitucional, como dictaminó el Tribunal Constitucional. Corcuera apostó por lo contrario y presentó su dimisión a González.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció el pasado fin de semana que el Ejecutivo pondrá en marcha en los próximos días diversas "medidas legales" contra el terrorismo de ETA, sin facilitar más precisiones. Según fuentes de Interior, estas medidas consisten básicamente en el proyecto de "videovigilancia" contra el vandalismo callejero, si bien su implantación deberá pasar antes por el filtro del Parlamento.

Intercambio de opiniones

Mayor, Atutxa y Ramón Jáuregui, consejero vasco de Justicia, han mantenido ya diversos contactos para ultimar el proyecto, del que también tienen conocimiento los partidos políticos representados en el Congreso. Fruto de ese intercambio de opiniones es el borrador que mañana miércoles darán a conocer en Madrid el ministro del Interior y el consejero vasco.

El proyecto será remitido al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado para que expresen su parecer sobre el texto legal. Dado que estos organismos requieren en torno a dos semanas para pronunciarse, es muy probable que el Gobierno no pueda aprobar el anteproyecto de ley hasta la reunión del Consejo de Ministros del 23 de agosto. Posteriormente, este texto será enviado para su debate al Congreso y su aprobación requerirá una importante mayoría, teniendo en cuenta que se trata de una ley de carácter orgánico.

El portavoz socialista en la Comisión de Justicia e Interior solicitó el pasado 25 de junio, en el Congreso, que las medidas para luchar contra el vandalismo callejero en Euskadi sean debatidas y acordadas por los partidos integrados en el Pacto antiterrorista de Madrid. El ministro Jaime Mayor no sólo no se opuso a ello, sino que se mostró plenamente de acuerdo con esta sugerencia.

Sin embargo, el proyecto de "videovigilancia" contra la violencia callejera de los grupos afines a ETA no fue objeto de análisis en la reunión del Pacto de Madrid celebrada el pasado día 10, según aseguró Rosa Aguilar, portavoz de IU. Ésta explicó que el asunto había quedado aplazado "para otra fase".

La Ertzaintza (policía autónoma vasca) ya utiliza las filmaciones en vídeo como medio de prueba contra los agresores, aunque no mediante el empleo de cámaras fijas, sino manejadas por agentes. A pesar de eso, los defensores de los procesados suelen cuestionar la validez de las grabaciones.

Junto a la vigilancia videográfica, que es el eje del plan de Mayor contra las algaradas callejeras, éste pretende reforzar la ley Corcuera y establecer medidas legales para que los padres o tutores de los menores que causen destrozos se hagan cargo del pago de las infracciones.

El Ministerio del Interior también pretende que haya juicios rápidos contra los jóvenes partidarios de ETA que destrozan el mobiliario, urbano o atacan a los agentes de la Ertzaintza. Además, ha constituido un equipo de seguimiento sobre las resoluciones judiciales que se producen en relación con los encausados por vandalismo callejero. Sobre todo después de la reciente sentencia que condenó a sólo seis años de reclusión a los jóvenes que quemaron con artefactos Incendiarios hace un año al ertzaina Jon Ruiz Sagarna en Renteria.

Por otro lado, el alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, del PNV, se declaró ayer partidario de que haya una nueva amnistía si ETA abandona las armas. "El día que ETA abandone la violencia, con toda seguridad todos haremos el esfuerzo de conseguir una nueva amnistía para que todos los presos vuelvan a casa".

La posibilidad de una amnistía como la promulgada el año 1977 está, según Cuerda, en manos de la organización terrorista y de su entorno y, si se llega a producir, debe ser "la última, la definitiva".

En opinión de Cuerda, es necesario que el entorno de ETA sea consciente de que a través del asesinato y del terror no se consigue nada y de que todo se puede lograr mediante vías pacíficas y legítimas".