Gobierno, sindicatos y patronal firman su primer pacto, que ayudara a reducir la conflictividad laboral

El ministro de Trabajo y los máximos responsables de los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEOE-CEPYME firmaron ayer el primer pacto de esta legislatura. Se trata del Acuerdo Tripartito sobre Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC) que someterá todo tipo de contenciosos a la mediación voluntaria, afianzará la autonomía de empresarios y centrales y contribuirá a reducir la conflictividad laboral. Paralelamente, el Gobierno se reunió con la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y el presidente Aznar se comprometió a defender en la Conferencia Intergubernamental comunitaria la inclusión del empleo como uno de los objetivos en la reforma del Tratado de la Unión Europea.

Casi cinco millones de trabajadores se han adherido ya al acuerdo sobre resolución negociada de conflictos, cerrado en enero pasado por la patronal y los sindicatos, y al que ahora se incorpora el Gobierno para dotarlo de los medios técnicos y jurídicos necesarios. Ayer se produjo la firma formal del ministro de Trabajo, Javier Arenas; y de los líderes de CC OO, Antonio Gutiérrez; UGT, Cándido Méndez; CEOE, José María Cuevas, y CEPYME, Manuel Otero. Se trata de la primera de las siete mesas de negociación abiertas que se cierra con un consenso. Arenas cree posible cerrar un segundo pacto antes de las vacaciones de agosto sobre el desarrollo de la ley de salud laboral.La elaboración del ASEC ha necesitado dos años de trabajo y, según subrayaba Antonio Gutiérrez, supone "la homologación con los países más avanzados de Europa y un avance respecto a otros con una democracia muy asentada". En concreto citó a los dirigentes sindicales franceses que hace unos días estuvieron en Madrid y mostraron interés por lograr un pacto similar en su país.

El acuerdo firmado ayer permitirá que los conflictos colectivos referidos a la modificación de las condiciones de trabajo, movilidad geografica y funcional, huelgas y todo tipo de desencuentros entre empresarios y trabajadores se sometan a la mediación o al arbitraje. De esa forma se evitará la judicialización de buena parte de los contenciosos y algunas huelgas. El ministro Arenas mostró ayer su confianza en que el pacto sirva, también "para aminorar la conflictividad laboral". Para Méndez, supone "el acta de madurez de las relaciones colectivas" y un afianzamiento de la autonomía de empresarios y sindicatos. Cuevas resaltó el elevado número de trabajadores y empresas que se han adherido voluntariamente a este mecanismo, después de que los negociadores optasen porque no tuviera eficacia directa.

Previamente a ese acto, el presidente del Gobierno y el ministro de Trabajo se reunieron con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Emilio Gabaglio, y con los responsables de UGT y CC OO. Gabaglio presentó a Aznar dos peticiones: que el Gobierno español defienda la inclusión del empleo como uno de los objetivos de las políticas europeas en la reforma del Tratado de la Unión Europea y que apoye el pacto de confianza sobre el empleo de Jacques Santer. Sobre el primer punto obtuvo una respuesta positiva y el presidente aseguró que España se sumará a los gobiernos nórdicos y a los de Bélgica, Italia e Irlanda en apoyo de la inclusión del empleo en el Tratado y a la articulación de políticas para complementarlo. En el segundo hay claras reticencias. Javier Arenas matizó que su Gobierno dará un respaldo global al plan Santer "siempre que no perjudique a España en los fondos estructurales y sociales".

Para el dirigente de la CES, es importante el compromiso de Aznar, aunque como está habituado a encuentros con gobernantes de todas las ideologías su conclusión es: "Los gobernantes conservadores se muestran muy atentos, otra cosa son sus actuaciones".

Gutiérrez y Méndez son aún más escépticos y mantienen el beneficio de la duda hasta que no vean el resultado de la próxima cumbre comunitaria. El líder de CC OO afirmó: "También aquí se dice que la prioridad es el empleo y la primera medida de este Gobierno ha sido un regalo fiscal a los ricos y la segunda el plan de privatizaciones que pone en peligro el empleo".

La concordia de la jornada de ayer se puede ver hoy ensombrecida con un desacuerdo en la apertura de la mesa negociadora de la función pública. Las declaraciones previas del Gobierno dejan traslucir su propósito de ofrecer a los empleados públicos unos incrementos salariales para 1997 muy inferiores a la inflación prevista -2,6%-. Los sindicatos, mientras, llevarán una propuesta conjunta y reclamarán el mantenimiento del poder adquisitivo y que no se congele la oferta de empleo público.