Privatizar Telemadrid, un paso atrás

La orientación liberal y conservadora del Partido Popular ha tenido un exponente más que significativo en la Comunidad de Madrid con la aprobación del proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa, que permitirá, si no se produce un cambio en la actitud de CiU, la privatización de Telemadrid una vez que las Cortes Generales voten favorablemente las propuestas de modificación de la Ley de Terceros Canales, la Ley de Radiodifusión y Televisión y la Ley de Televisiones Privadas.Esa decisión suscita una primera reflexión: ¿es razonable que el Estado renuncie a garantizar el acceso de la pluralidad política y social que representa a los medios audiovisuales? ¿Que renuncie a promover la cuItura, a extender conocimientos, a garantizar la objetividad informativa en esos medios? ¿Puede la sociedad prescindir. de instrumentos de comunicación controlados democráticamente, mediante órganos emanados de la voluntad popular, que garanticen el derecho a la información a todos los ciudadanos? La respuesta a esos tres interrogantes parece obvia: no.

Ello no significa que solamente deban existir las cadenas públicas de televisión, sino que han de convivir ambas opciones y que los poderes emanados de la voluntad popular deben prestar una especial atención a las televisiones públicas, como garantía de la convivencia democrática.

En la Unión Europea rige un sistema mixto, de concurrencia, en el que coexisten ambos modelos, y no es casual que ningún país europeo y ninguna región con televisión propia haya renunciado a la televisión pública. Mientras eso ocurre en los países de nuestro entorno, Madrid puede pasar a la historia como la primera región europea que privatiza una televisión pública.

Respecto a los contenidos, el valor esencial de las televisiones públicas frente a las privadas es la diferencia. Diferenciarse es ofrecer calidad, programar productos alternativos y ejercer una función de servicio público que, de no existir televisión pública, el espectador sólo encontraría en las televisiones de pago o en los canales temáticos, campos estrechamente vinculados a la expansión del cable y sobre los cuales debatiremos, sin duda, en los próximos meses.

La última reflexión está vinculada a la necesidad de mantener y extender el Estado de bienestar. La televisión pública forma parte de las prestaciones de un Estado que, constitucionalmente, debe promover la educación, la cultura y la información veraz y objetiva.

Tales reflexiones nos llevan a concluir que la operación iniciada por el Gobierno del PP en Madrid no conduce sino a hurtar a los madrileños un medio de comunicación regional consolidado con capital público para transferirlo a la iniciativa privada, que lo convertirá, de servicio público, en negocio, sin que existan claras expectativas de control democrático por parte de los representantes de la ciudadanía de Madrid ni sobre sus contenidos ni sobre la objetividad de la información que se emita.

Con la iniciativa del PP no se trata (le reforzar el sistema mixto que establece nuestra legislación en materia de radiodifusión y televisión. El objetivo de, los conservadores es crear una televisión privada sobre las cenizas de Telemadrid.

La "modernidad" que preconiza Ruiz-Gallardón va contra los criterios más recientes -más modernos- que prevalecen en la Unión Europea. Y Ruiz-Gallardón sabe que una televisión autonómica de carácter privado supone, en primer término, un negocio. En segundo, y como consecuencia del anterior, un paso atrás de incalculables consecuencias en la programación: más telebasura y menos calidad. El riesgo de que Telemadrid acabe subsumiéndose en alguna de las grandes cadenas privadas existentes no parece, en absoluto, desdeñable.