Jesús Gil declarará como imputado por el presunto soborno de Marbella

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, declarará como imputado el día 19 de este mes en los juzgados de Sevilla por ser parte activa de un presunto delito de cohecho, al haber pagado 85 millones de pesetas para, obtener un mayor índice de edificabilidad en la finca Los Cipreses. Gil declarará en la causa abierta tras la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Jaime Montaner, ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, y tres familiares del entonces vicepresidente del gobierno autonómico, José Miguel Salinas.Fuentes judiciales precisaron que la citación de Jesús Gil como imputado es "una garantía procesal". Jesús Gil declaró ante la Fiscalía Anticorrupción sobre este pago, ocurrido en 1986, el pasado 28 de mayo, aprovechando que tres días antes había entrado en vigor el nuevo Código Penal, que exime de responsabilidad penal a quienes denuncien un soborno.

El mismo día 19, declarará también el abogado cordobés José Salinas, padre del entonces viceconsejero de la Junta andaluza, quien, según la denuncia, fue la persona que pidió a Gil 220 millones de pesetas para conseguir que la Consejería de Obras Públicas le concediese un mayor índice de edificabilidad en su finca. Gil efectuó un primer pago de 85 millones y, una vez obtenido su objetivo, dejo de pagar el resto del dinero exigido.

El día 23, declararán los otros dos denunciados, Jaime Montaner y Rafael Salinas, el hermano del viceconsejero de la Junta que en 1986 era asesor jurídico del Ayuntamiento de Marbella. Un día después, acudirán a declarar ante el juez Carlos Lledó, instructor de esta causa, Antonio Prieto, que, según la Fiscalía Anticorrupción, cobró 20 millones de pesetas y Emilio Martín García, que cobró un cheque de 10 millones. El primero era en 1986 secretario de Asuntos Económicos de la Consejería de la Presidencia de la Junta andaluza y se ha encargado de la contabilidad del Partido Socialista en varias campañas electorales. El segundo es un empresario editorial andaluz, que no pudo concretara la Fiscalía Anticorrupción el motivo del cobro.