Los jueces quieren que un organismo dictamine sobre los secretos oficiales

El ministro de la Presidencia y vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, ha elevado una consulta a la comisión permanente del Consejo de Estado en la que solicita su opinión sobre la cancelación como "materia reservada" de los documentos del Cesid pedidos por tres juzgados, en torno a la investigación del caso GAL; si esa cancelación podría suponer infracción de obligaciones consagradas en tratados internacionales, y, por fin, posibles modificaciones de la legislación sobre secretos oficiales. Al hilo de esta consulta, varias asociaciones judiciales se muestran partidarias de crear un órgano específico que dictamine en estas materias.El escrito del ministro pide al Consejo de Estado -cuyo dictamen no es vinculante- que opine si la decisión del Gobierno sobre los documentos del Cesid "ha de considerarse como absolutamente discrecional o como reglada en algunos de sus elementos", es decir, si debe atender a alguna norma jurídica en vigor.

También se requiere al Consejo de Estado para que analice la posibilidad de que los jueces interesados en los documentos los consulten de modo semejante al previsto en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que faculta a determinadas autoridades para conceder acceso "en sus respectivas dependencias" a las materias clasificadas, "así como, para su desplazamiento fuera de las mismas".

Valor probatorio de los secretos

El Gobierno pretende que el Consejo de Estado le traslade una "reflexión sobre las precisiones que cabría introducir en la legislación procesal sobre "el valor probatorio de los documentos elaborados por los servicios de espionaje, habida cuenta de las particulares características de dichos documentos, que en muchas ocasiones", dice el escrito del ministro, "han de recoger datos no contrastados e informaciones procedentes de fuentes de muy dudosa solvencia".En declaraciones a Servimedia, José Antonio Alonso y María Tardón, portavoces de Jueces para la Democracia y la Asociación Francisco de Vitoria, respectivamente, y Ramón Rodríguez Arribas de la Asociación Profesional de la Magistratura, coinciden en señalar la necesidad de un órgano de arbitraje que resuelva los conflictos entre el Gobierno y los jueces que piden documentos secretos.

Alonso pide una institución similar a la británica Inspection in Camera, que hace un análisis judicial previo sobre la desclasificación y sus efectos para la seguridad nacional.

Rodríguez Arribas se inclina por un órgano mixto integrado por el ministro de Defensa y el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con decisión final del presidente del Tribunal Supremo si no hubiese acuerdo.

Tardón estima que en situaciones en que la llamada "razón de Estado" lesiona derechos constitucionales debe prevalecer la garantía de estos derechos.