El plan del fraude parte de un descenso de casi el 40% en la actividad inspectora

El plan contra el fraude fiscal, aprobado por el Gobierno la pasada semana, arranca con la actividad inspectora bajo mínimos. El número de actas levantadas en los seis primeros meses del año bajó un 39,3% con respecto al mismo periodo de 1995, lo que el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, atribuye a la política anterior de "inspecciones basura", sin criterios y con desorganización. El número de contribuyentes investigados ha caído un 10,3% y el importe de la deuda, un 20,86%. El giro a esta situación que pretende imponer el plan del fraude no fue ayer cuantificado por Costa ya que, según afirmó, las medidas "no tienen un objetivo recaudatorio". El director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, indicó que, a diferencia del plan elaborado por el anterior Gobierno, ahora "nos sentirnos con la fuerza moral" que da "un mayor control del gasto público". A ello ayudará, según Bermejo, la intención de aplicar las, normas con criterios "flexibles" y no "patológicos".

En el área de Gestión, su director general, Femando Díaz Yubero, explicó algunas de las medidas inmediatas: equiparación del interés legal del dinero, fijado en los Presupuestos, al dé demora que aplica Hacienda; entrega a los contribuyentes de respuestas por escrito a sus consultas; eliminar las sanciones cuando el contribuyente aplica esa información; ventanilla única a medio plazo para todos los trámites; y mayor ayuda en la presentación de declaraciones.

Pilar Valiente, directora general de Inspección, explicó que Hacienda dispone de toda la información para realizar un con trol de las operaciones en divisas realizadas a nombre de titulares ficticios. Señaló también que una de las tareas fundamentales va a ser perseguir la deslocalización de actividades en paraísos fiscales y establecer la obliga ción de declarar en España esos rendimientos, así domo imponer el criterio de mercado en los precios de transferencia entre multinacionales. También habrá un control de todos los nuevos productos financieros, así como una depuración de las sociedades inactivas que sirven para eludir el pago, del IVA y una comprobación de las operaciones de proveedores con empresarios sujetos a módulos.