Hachuel ratifica que cobró los 1.344 millones de Carburos y los envió a un abogado de Conde
El financiero Jacques Hachuel ratificó ayer, al declarar como imputado en el caso Banesto, que cobró 1.344 millones (18,7 millones de francos suizos) procedentes de la operación Carburos en 1990, que separó 115 millones de pesetas (unos 1,6 millones de francos suizos) para sí mismo y que el resto, unos 1.229 millones de pesetas (17,099 millones de francos suizos), se los envió al abogado Peter Schwarz, designado por el Banesto de Conde. El abogado de Conde, Juan Sánchez Calero, aportó documentos que se refieren a otra operación de Carburos, en 1989, no a la de 1990.
Hachuel volvió a explicar su papel de presunto intermediario entre Banesto y la multinacional Air Products para justificar el cobro de 1.344 millones de pesetas que debían entrar en la caja del banco, por haber vendido a la multinacional una opción al 5,9% del capital de Carburos Metálicos, y que fueron desviados a Suiza, sin pasar por España, el 6 de abril de 1990. Sin embargo, dijo una vez más, él sólo separó 115 millones de pesetas para su uso personal y que el resto, unos 1.229 millones de pesetas, se los envió a un abogado de Zurich. Ese abogado se llama Peter Schwarz y su nombre le fue dado por la dirección de Banesto.En aquellos momentos, evidentemente, la dirección de Banesto a todos los efectos estaba en manos de Mario Conde y en una carta escrita por Hachuel a Conde, en julio de 1993, el financiero le recordaba la operación, canalizada a través de su compañía de Liechtenstein, llamada Mariella Real Estate Holding Establishment. "La operación Carburos fue diseñada por ti y por Arturo", decía el financiero, en referencia a Conde y a Arturo Romaní, ex vicepresidente de Banesto.
La declaración de ayer no aportó novedades en la versión de Hachuel, que había declarado como testigo en enero, septiembre y noviembre de 1995. El financiero afirma haber hecho una labor de intermediación con Air Products para hacerse acreedor al pago de los 1.344 millones que la multinacional ha negado tajantemente.
Air Products no sólo ha rechazado los argumentos y versiones de Hachuel, sino que aportó documentos sobre todas las negociaciones con Banesto. En la amplia documentación, respaldada por las declaraciones de los vicepresidentes de la multinacional, Ronaldo Sullam y James McMahan, y el abogado Luis Echecopar, la presencia de Hachuel brilla por su ausencia.
Ya en sus comparecencias ante el juez, en diciembre de 1994, tanto Romaní como Conde insinuaron su estrategia de defensa. Nada sabían, dijeron, del pago de Air Products porque, simplemente, no había nada que pagar. Romaní abrió el paraguas: "De haber existido un pago sería el de una intermediación".
Y cuando el fiscal Florentino Orti le preguntó a Conde si era posible que hubiese intermediarios, el ex presidente de Banesto dijo: "Es posible, pero lo ignoro".
Precisamente, el abogado defensor de Conde aportó ayer al juzgado una serie de documentos: cartas, telefax, comunicaciones. Todos tienen de común un punto: no se refieren a la operación del 6 de abril de 1990, es decir, al pago de los 1.344 millones. En cambio, ilustran el tiburoneo financiero al que se pretendió someter a Air Products en 1989 para que comprara unos warrants (título convertible en acciones de Carburos). La idea de Conde y Romaní, pues, consiste en justificar el pago de los 1.344 millones -que según ambos no existió- en las presuntas gestiones realizadas por Hachuel -su fantasmal renuncia a controlar Carburos Metálicos- en el primer trimestre de 1990.
Pero lo que importa es el dinero. Se encuentra bajo control de la Fundación Levis, de Liechtenstein, según ha reconocido su administrador, Hans Gassner, a los abogados de Banesto en Suiza y en España. Y los propietarios de esa Fundación constituyen un secreto a voces.
