Igualdad de oportunidades de interés de Estado

Como todos sabemos, hay temas considerados de "interés de Estado" que se supone que no pueden variar fundamentalmente cuando cambia el signo del Gobierno porque existe un consenso político, explícito o implícito, entre las fuerzas políticas. Otras políticas, en cambio, responden a las ideologías, las propuestas programáticas y los compromisos electorales de los partidos y por ende cambian. Pero no siempre esta distinción es clara, es decir, no siempre hay acuerdo sobre si una política determinada es de interés de Estado y por tanto debe ser mantenida independientemente de quien gobierne, o no lo es.Éste, creo, es el caso de las políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres. Sospecho que los políticos, seguramente no tienen una opinión contundente al respecto. Me gustaría pensar que entre las políticas sí existiría el consenso, aunque he de confesar que no estoy del todo segura. Por ello, quizá merezca la pena hacer una reflexión al respecto en momentos en que estamos esperando que el nuevo Gobierno precise qué tipo de políticas impulsará en este terreno.

Toda política pública realizada por el Estado afecta a las mujeres porque son la mitad de la población. Hasta hace pocas décadas la intervención pública tendía a reforzar los mecanismos que producían la discriminación femenina o a producirlos directamente. Esto debió ser cambiado cuando, debido a la existencia del movimiento sufragista, se les dio el derecho a voto a las mujeres y, por ende, el estatus de ciudadanas. Ello implicó la necesidad de introducir nuevas formas de actuación por parte del Estado, consistentes en proteger sus recién adquiridos derechos.

En las dos últimas décadas la forma de intervención que más se ha generalizado internacionalmente, ha sido la de las políticas de igualdad de oportunidades, primero en los países con una cierta tradición de lucha por la igualdad entre los sexos (países anglosajones y del norte de Europa) y, posteriormente, en otros países como España. Su incorporación en los países que primero las impulsaron respondió a su tradición política, al contexto social, cultural y económico y a la capacidad de presión de sus organizaciones feministas y de mujeres. En los países como España en los que, aunque existiendo un movimiento feminista, éste no tenía tanta fuerza como para generar por si mismo esta transformación del Estado, fue la legitimidad internacional lo que permitió inicialmente que se aceptaran las políticas de igualdad de oportunidades, pues provenían de países, que se consideraba tenían un mayor grado de democratización política.

La lectura de los programas electorales de los partidos políticos, muestra que en todos ellos se afirma que la igualdad de oportunidades es un tipo de política que debe ser impulsada. En este sentido se ha creado un consenso que no existía en los ochenta y al que el Partido Popular se ha incorporado más tarde. Esto es bueno, pero no indica por sí solo que la igualdad de oportunidades haya adquirido estatus de "interés de Estado", es decir, que se le conceda la prioridad que ello comportaría, traducida en una enérgica actuación de los poderes públicos.

La experiencia de los países de nuestro entorno europeo más avanzados en este tema indica que un factor fundamental para conseguir este cambio ha sido el consenso entre las propias mujeres de todas las fuerzas políticas. Esto no implicaba en absoluto la eliminación de las discrepancias políticas, sino el acuerdo sobre los mínimos que garantizaban que el Estado asumiera en este tema políticas de la envergadura que el problema requiere. Por así decirlo y usando un símil de la transición política española, unos "pactos de la Moncloa de las mujeres". Se trata primero de crear el escenario inexistente, para que luego se pueda discrepar: en la transición había que consolidar el sistema democrático y en el caso de las mujeres hay que producir el "interés de Estado".

Este consenso no se ha producido en España, más que esporádicamente en algunos temas puntuales. De ahí la inquietud que produce el futuro. Las políticas de igualdad de oportunidades son lo que podríamos denominar políticas liberales (de liberalismo político, no de mercado). Es decir, no son de gran radicalidad sino el mínimo que se puede pedir en materia de eliminación de la discriminación. Marcan la frontera entre el compromiso con los derechos democráticos de las mujeres y el conservadurismo tradicional en cuanto al rol femenino. Pero no basta con la mera, afirmación de que deben ser impulsadas; es necesario, si se quiere tener algún resultado, que no sean sólo testimoniales y que realmente se implementen. Deben tener un claro apoyo político y, desde las mujeres con altas responsabilidades, un componente de solidaridad con la situación del resto de la población femenina.

En los últimos años las políticas de igualdad de oportunidades se han puesto en la agenda del Estado y se han comenzado a implementar. Pero si este proceso se detiene, si los recortes afectan a unas políticas que son aún muy recientes, si no se constata una voluntad firme de continuarlas y si se presencia un discurso antifeminista que puede ser semejante al que en la Conferencia de Pekín sustentaron, si bien con muy escasos resultados, ciertas fuerzas conservadoras, no parece que se vaya por buen camino. Sobre todo porque conviene no olvidar los datos del índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas: España ocupa el noveno puesto en el índice general y, en cambio, en el índice sobre la situación de las mujeres, es el país número 34.