Simulacro de acción de Gobierno

Es posible que, cuando el portavoz de CiU en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, Françesc Homs, urgió al ministro Rodrigo Rato, en la primera comparecencia parlamentaria de éste, a que el Gobierno adoptara medidas de política económica en el plazo de treinta días, no tuviera en la mente el plazo establecido en el artículo 86.2 de la Constitución para la convalidación de los Decretos ley. Pero el que sí debió asociar el plazo convergente y el plazo constitucional fue el ministro, que parece que vio el cielo abierto y decidió fundir ambos en una frenética remisión de Decretos ley al Consejo de Ministros para su aprobación.No es fácil detectar, a la vista de las materias sobre las que versan y del contenido de los mismos, cuáles son las necesidades urgentes y extraordinarias a las que tales Decretos ley responden. La necesidad urgente parece ser más bien de naturaleza política en un doble sentido:

1. Dar satisfacción de manera inmediata a demandas del núcleo duro de apoyo al PP. No de otra manera se puede explicar el Decreto ley sobre la tributación de las plusvalías en un momento en el que se afirma que la reducción del déficit es la primera de las prioridades. Se trata de una norma tan parcial, en la medida en que repercute patrimonialmente de manera inmediata y directa en un sector no reducido pero sí muy minoritario de la sociedad española, que difícilmente hubiera podido ser aprobada por el procedimiento legislativo ordinario. A. ello se debe, sin duda, que el Gobierno se haya negado incluso a su tramitación como proyecto de ley. No por casualidad. El debate parlamentario habría dejado tan claro quiénes son los beneficiarios de la norma que difícilmente se habría podido justificar simultáneamente el presupuesto restrictivo que se anuncia. Ya veremos qué ocurre con la tributación de las rentas de capital y si también se utiliza el Decreto ley.

2. Hacer visible, ante la sensación de inactividad o de pasividad, transmitida por el Gobierno desde la investidura, que se estaba gobernando y que se estaba dispuesto a tomar decisiones. El Decreto Ley desde esta doble perspectiva resulta muy adecuado por su inmediatez y su aparatosidad.

Satisfacción de intereses sociales y económicos minoritarios pero muy poderosos. Necesidad de autoafirmación política de un Gobierno que había transmitido una cierta sensación de desconcierto. Esto es lo que hay detrás de la actividad normativa del Gobierno hasta el momento.Ahora bien, gobernar por Decreto ley no es gobernar. Es un simulacro de Gobierno. Lo difícil de gobernar en democracia es el procedimiento. No son las medidas que se adoptan sino el cómo se adoptan. El tener que justificar ante la opinión pública en un debate contradictorio el por qué de la decisión que se propugna, es lo que resulta extraordinariamente complicado. Por eso es por lo que en dicho procedimiento descansa la mejor garantía para los ciudadanos de la bondad de las medidas de Gobierno. Siguiendo el procedimiento legislativo, se puede errar. No siguiéndolo, es casi seguro que se yerra. En contra del Decreto ley juega una presuncion muy fuerte, precisamente por ser una excepción del procedimiento normativo democrático.

Es poco, en consecuencia, lo que todavía se puede decir de la acción de este Gobierno. La forma en que se ha estrenado impone una reserva de juicio. Sabemos que así no puede seguir. Pero en positivo todavía no se puede decir nada. Hasta que no empiece a legislar de verdad, no podremos pronunciarnos sobre la forma en que desempeña la tarea que tiene constitucionalmente encomendada. A la vuelta del verano veremos.