El Defensor del Pueblo pide al fiscal que investigue la expulsión de 103 inmigrantes

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha solicitado la colaboración del fiscal general del Estado, Carlos Granados, para que le ayude a investigar el proceso que se siguió en la reciente expulsión de 103 inmigrantes africanos que se encontraban ilegalmente en Melilla. El objetivo de esta petición es determinar con exactitud si Interior respetó en todos los casos las garantías constitucionales de los inmigrantes expulsados y verificar el cumplimiento de los aspectos judiciales en el proceso.La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha anunciado que hoy presentará un informe al Defensor del Pueblo en el que denuncia que 14 de los 103 expulsados se encontraban en lista de espera para solicitar asilo en España. Según el secretario general adjunto de CEAR, José Luis Ugarte, la policía de Melilla sólo recibe a dos personas cada semana para estos trámites, por lo que algunos de los inmigrantes tenían concertadas citas cuando fueron expulsados. Ugarte calificó de "auténtico desastre que en Melilla no exista un mecanismo que regule esta cuestión". También explicó que existía entre los expulsados otro "grupo pacífico" de 29 personas, que no participaron en los incidentes, que habían rellenado el cuesitionario de petición de asilo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Según la oficina del Defensor del Pueblo, el Ministerio de Interior ha facilitado ya la información requerida desde esta institución: copia de los autos del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla por los que se dictaban los internamientos de los inmigrantes, el listado de cuántos han sido expulsados y devueltos, y los países a los que fueron repatriados de acuerdo -según Interior- con las autoridades de cada Estado.

El Defensor quiere completar esta información con los expedientes individuales de cada uno de los 103 inmigrantes, para lo que ha solicitado la colaboración del secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxà.

Una investigación "general"

Tras la repatriación, el 23 de junio, de los 103 inmigrantes de Melilla, 17 argelinos fueron expulsados de Ceuta la semana pasada. Aunque todavía no se ha iniciado una investigación sobre este último caso por no haberse recibido ninguna denuncia, desde la oficina del Defensor del Pueblo se intentará abarcar las dos ciudades en el momento de dar recomendaciones al Ministerio del Interior, una vez que haya concluido la investigación, que ha sido definida por la oficina del Defensor como una "investigación general, no judicial".Varias Organizaciones No Gubernamentales tienen previsto entregar hoy al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, un informe en el que rechazan las expulsiones de los dos grupos y piden una, investigación de las irregularidades de los procesos seguidos. En el documento se exige el cese inmediato de las expulsiones y la habilitación en Ceuta y Melilla de lugares de tránsito desde donde se pueda tramitar la documentación de los inmigrantes en un plazo máximo de siete días.

Desde el fin de semana han sido localizados en Cádiz más de 50 inmigrantes ilegales, todos de origen marroquí. Nueve fueron detenidos en los dos últimos días en Algeciras y Tarifa. Uno de ellos viajaba escondido en el hueco del motor de un autocar con matrícula francesa y presentaba síntomas de asfixia cuando fue localizado el martes, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Después de ser dado de alta fue conducido junto a los otros ocho indocumentados a la comisaría de Algeciras, donde se tramitó la repatriación a su país de origen.