Una fundación de Liechtenstein controla la mayor parte de los fondos de la 'operación Carburos'

La mayor parte de los 1.344 millones de pesetas (18,3 millones de francos suizos de 1990) de la Operación Carburos desviados por Mario Conde y Arturo Romaní, respectivamente, a Suiza fueron a parar a una fundación de Liechtenstein llamada Levis. El mandatario de dicha fundación, Hans Gassner, ha reconocido que los fondos serán puestos a disposición de quien corresponda una vez que resuelva el tribunal del Principado. El dinero fue pagado el 6 de abril de 1990 por Air Products a una cuenta bancaria por instrucciones de Romaní y nunca entró en la caja de Banesto.

La aparición de la Fundación Levis, cuya propiedad real permanece en secreto, es una novedad ya que hasta el momento existían pruebas fehacientes de tres fundaciones. La primera, por orden de aparición, fue la creada por Francisco Sitges (Seasun), la segunda fue constituída por Conde, Sitges, Romaní y Mariano Gómez de Liaño (Melvin) y la tercera es Atom, fundada por Gómez de Liaño.Hans Gassner apareció el 26 de junio a requerimiento del abogado que se ocupa de los litigios de Banesto en Suiza, Albert-Louis Dupont Willemin. A Gassner se ha llegado a través de la última persona familiarizada con los citados fondos, el abogado de Zurich Peter Schwarz.

El lunes 23 de junio, los abogados de Banesto Juan Montojo y José Antonio Jiménez se reunieron en Ginebra con Dupont Willemin y Schwarz. Este último solicitó una carta de indemnidad de Banesto antes de hacer cualquier revelación y propuso que la información siempre sería sujeta a secreto profesional. Los abogados dijeron que no a ambas peticiones. Y le informaron a Schwarz que estaban preparando una querella contra todos los que participaron en la presunta operación Carburos.

Fue Jacques Hachuel quien declaró, como testigo en 1995 en el caso Banesto, que los 18,7 millones de Francos suizos (1.344 millones de pesetas en 1990) los había recibido en la cuenta de su sociedad Mariella, domiciliada en Liechtenstein, y que separó 1,7 millones para, acto seguido, enviar dos talones por valor de 17.099.44.8 francos suizos a Schwarz, que representaba, según dijo, a Banesto. El dinero procedía de Air Products y era el pago de una prima por la opción que le vendió Banesto al adquirir el 5,9% de Carburos.

Durante 1995, Conde y Hachuel entablaron a través de sus abogados, Jesús Santaella y Luis Rodríguez Ramos, negociaciones en torno al dinero de la operación. Santaella ofreció una parte del dinero. Las cifras de reparto a favor de Hachuel empezaron con 300 millones, pero al parecer, sus exigencias fueron demasiado elevadas para Conde.

Trasiego de fondos

Dupont Willemen recibió la semana pasada una primera información de Schwarz. Según el abogado, los 17,099 millones de- francos suizos los envió, tras serle transferidos por Widmer, abogado de Hachuel, el 22 de mayo de 1990 a Liechtenstein. Según Schwarz, los fondos los entregó al bufete Batliner & Partner, con domicilio en Lieclitenstein.Dupont llamó por teléfono el 26 de junio al bufete. El mismo día, el bufete Batliner contestó por escrito. El fax de respuesta era: "Le puedo comunicar que sólo dispondremos de los fondos depositados en la cuenta de la Fundación Levis sobre la base de una sentencia definitiva del tribunal de Lichtenstein". El firmante era Hans Gassner, miembro de Batliner, que fue administrador de Jarnac, creada para Arturo Romaní, en Lichtenstein en 1988, y de Selino, registrada en 1990 en el paraíso fiscal por Gassner. Jarnac recibió transferencias de Melvin, la primera, y Selino se utilizó para la operación cementeras, por la que Conde y Romaní presuntamente se embolsaron 1.400 millones.

Fuentes jurídicas indicaron que los abogados Widmer -la persona que se valió de su cargo de vicepresidente del NMB Bank para recibir los 1.344 millones enviados por Air Products-, Schwarz y Batliner, representado por Gassner, mandatario de Levis, formaron parte del esquema para hacer desaparecer los fondos durante seis años. Otro aspecto del montaje es que el empresario panameño Jaime Domingo Cedeño, que se presentó el 24 de junio en la Audiencia, aparece como representante legal de Montilsa y Data, que sirvieron para canalizar los fondos de las cementeras.