La ejecutiva del PSOE andaluz descarta suspender de militancia a los implicados en el soborno de Gil
La dirección del PSOE andaluz ha actuado con celeridad. La contundencia anunciada por su secretario general, Manuel Chaves, se tradujo en una investigación interna y la propuesta de una sesión extraordinaria en Parlamento regional para estudiar el caso. Pero la posible suspensión cautelar militancia de los implicados en el presunto soborno por Jesús Gil, solicitada por secretario de finanzas, José Luis Blanco, o fue atendida por la ejecutiva regional. El ex consejero Jaime Montaner negó ayer su implicación en los presuntos delitos de prevaricación y cohecho de los que la Fiscalía Anticorrupción le acusa a él y a tres familiares del ex vicepresidente del Gobierno regional José Miguel Salinas.
La petición de Blanco de suspender cautelarmente a los implicados quedó en saco roto. La Ejecutiva regional del PSOE saldó en un comunicado de cinco puntos sus acuerdos. Y en ninguno, se hace referencia a la suspensión temporal de militancia. Tan sólo se requiere a los afiliados inculpados su "plena disposición y máxima colaboración con la dirección del partido" para el esclarecimiento y depuración de responsabilidades.A primera hora de la tarde, miembros del PSOE insistieron en que la petición de Blanco era una "opinión personal" y que, de momento, no era la postura oficial del partido, que optaba por otros acuerdos. Entre ellos, la propuesta a la Diputación Permanente del Parlamento andaluz de celebrar una sesión extraodinaria en la Cámara con el fin de debatir el expediente de aprobación del Plan de Ordenación de Marbella, origen de la denuncia.
La decisión de la Ejecutiva, hecha pública a primera hora de la noche, se gestó después de que Chaves reuniera en la sede de la Presidencia a destacados miembros de la dirección para decidir qué pasos seguir.
La ejecutiva regional insinuó que la denuncia de Gil podría ser una cortina de humo, sobre todo porque el presunto soborno se produjo hace 10 años y aparece "precisamente en el momento que Gil está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la comisión de numerosas irregularidades cometidas en su gestión en el Ayuntamiento de Marbella".
Montaner, en su primera comparencia pública tras la denuncia, rechazó dimitir como presidente de Cartuja 93, sociedad que gestiona los terrenos de la Expo 92.
El ex consejero aseguró desconocer el presunto soborno de Gil, realizado supuestamente en 1986 por valor de 85 millones de pesetas, para conseguir de la Junta un volumen de edificabilidad acorde con sus deseos en unos solares de Marbella propiedad de su empresa Vegangeles.
"Cuentas claras"
Montaner, que aseguró tener Ias cuentas muy claras y la conciencia muy tranquila", explicó que todas las acciones realizadas por él durante sus 15 años de responsabilidad en la Administración autonómica "han estado ajustadas a derecho". El ex consejero pidió que "vayan a la cárcel los extorsionadores y, si hay alguno del PSOE, que se le expulse del partido", en caso de demostrarse las acusaciones de la denuncia, sobre la que dijo no haber recibido ninguna convocatoria ni citación de la fiscalía.La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción -presentada el pasado viernes y que entró en reparto el sábado- será investigada por el Juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla, cuya titular, María Antonia García, inició ayer sus vacaciones. Los asuntos de este juzgado pasan mientras al número 3, al frente del que se encuentra Carlos Lledó, que será el que ponga en marcha las primeras diligencias.
El ex consejero reconoció haber recibido en su despacho la visita del asesor jurídico del Ayuntamiento de Marbella, Rafael Salinas, hermano del ex vicepresidente de la Junta, y al alcalde de la ciudad por entonces, el socialista José Luis Rodríguez, para discutir sobre el recurso presentado por Gil. Montaner justificó la visita por los objetivos de la Junta de atender, según él, "no sólo los criterios de legalidad y de objetividad, sino también de requerir informes a la corporación municipal correspondiente".
El actual presidente de la sociedad Cartuja 93 y máximo responsable del consejo de la Universidad de Huelva, cargos de los que no piensa dimitir, aseguró que no era extraño que los responsables municipales tuviesen acceso al consejero en esas fechas para solucionar asuntos de carácter urbanístico.
