Corresponsabilidad

Recrecida por su reconciliación fraternal, la derecha española (castellana, catalana y vasca) se dispone a desarticular el poder del Estado central: privatizando sus propiedades, empobreciendo a sus funcionarios, foralizando la Hacienda y recortando los derechos sociales. La excusa es lo de menos, pues a estas alturas ya quedan pocas posibilidades de cumplir el diktat de Maastricht. De hecho, cabe sospechar que se abriga la secreta esperanza de incumplir las condiciones de convergencia, a fin de aprovechar el tirón exportador que se derivará de la devaluación competitiva de la peseta, cuando nos quedemos fuera de la moneda única. Por eso, si se sigue enarbolando la bandera de Maastricht, no es tanto porque se crea en ella sino para utilizarla como el mejor espantapájaros contra la izquierda, a fin de obligar a la población a que se trague sin rechistar los peores recortes del gasto que sólo beneficiarán a las clases propietarias.¿Y qué hace mientras tanto la izquierda?: callar u otorgar, consintiendo por impotencia esta jibarización reductora de la cabeza estatal. Es cierto que Anguita ahueca su voz para recriminar una vez más. Pero como en el cuento del pastorcito y el lobo, es tan sectario su dogmatismo que nadie le toma en serio, ni siquiera sus bases cautivas que tanto gusta de utilizar como coartada. González y Cía, por su parte, no están para nada, abrumados como se encuentran por la evidencia de que ya no conservan ni un sólo elector que pueda creer ni aun queriendo en su inocencia. Así que sólo nos quedan los sindicatos liderados por Antonio Gutiérrez como única alternativa. Pero sus posibilidades de oponerse como quijotes solitarios al molinete huracanado que piensa desatar la derecha resultan inciertas.

Si somos realistas, reconoceremos que la chance de la izquierda, en su oposición a la santa alianza neoliberal conjurada por Aznar, es mínima. Por eso cabría recomendarles que midan las fuerzas con que cuentan y que no traten de malgastarlas inútilmente en ruinosas resistencias a la numantina. En particular, creo que sería un error empeñarse en ganar una batalla de antemano perdida, como sería intentar defender, en nombre de la cohesión social, el trasnochado keynesianismo y un jacobinismo de pacotilla.

El Estado de bienestar debe ser reformado pues, con Maastricht o sin Maastricht, así no se puede continuar. Por eso, en lugar de oponerse a su cambio necesario, conviene impulsarlo, dirigirlo y liderarlo. ¿En qué sentido?: en el diseñado por los Pactos de Toledo, que apunta hacia la total corresponsabilidad. Es preciso distinguir entre pensiones contributivas, que deben ser proporcionales al esfuerzo personal incentivando el ahorro de cada uno (autorresponsabilidad), y las no contributivas, que redistribuyen solidariamente la renta (responsabilidad social) con cargo al presupuesto estatal.

Pues bien, este mismo criterio debe ser igualmente aplicado a la financiación autonómica. A fin de estimular el desarrollo económico endógeno, hay que distinguir entre financiación propia, que debe ser proporcional a la base imponible de cada comunidad autónoma (autorresponsabilidad), y financiación estatal transferida (de responsabilidad pública), que cubre las necesidades insatisfechas mediante fondos cohesivos de compensación interterritorial.

La corresponsabilidad exige ambas dimensiones, sin que ninguna prime sobre la otra. Si falta autorresponsabilidad, como sucede ahora, no hay ahorro ni desarrollo endógenos, y se esfuerza la dependencia económica. Pero si falta la responsabilidad pública, como querría la derecha, se pierde la cohesión y crece la desigualdad con riesgo de fractura. Por eso tiene razón la izquierda, cuando insiste en defender la solidaridad colectiva. Pero esa defensa es suicida si no va unida a la decidida aceptación de la autorresponsabilidad: única fórmula que, tanto para las regiones pobres como para las clases asalariadas, garantiza la conquista futura de la independencia económica.