¿Quien compra?

EL PROGRAMA de privatizaciones aprobado ayer por el Consejo de Ministros tiene escasa concreción, alguna perogrullada y cuantiosas sombras. La expectación despertada en su derredor ha sido grande. No en balde le ha precedido una fanfarria mediática cercana a la propaganda, que en busca de referencias históricas no ha vacilado en remontarse hasta la desamortización de Mendizábal. Y todo ello por una declaración más bien genérica, que se inscribe en una dirección seguida en toda Europa y ya iniciada por los socialistas, si bien con excesiva cautela. Al igual que el plan de medidas fiscales adoptado recientemente, la distancia entre la realidad. del producto final y la retórica previa es considerable. Y en ambos casos se han dado pasos de apertura de unos procesos cuyo alcance y calendario específicos siguen siendo un misterio.El ministro de Economía había anunciado hace apenas dos días que los planes de privatización del Gobierno incorporarían rasgos diferenciales claros respecto de las decisiones prívatizadoras del Gobierno anterior. De lo conocido ayer tras el Consejo de Ministros no se deduce una estrategia distinta en lo fundamental. Más allá de consideraciones sobre si tiene sentido que el Estado participe en tal o cual empresa, el objetivo primordial de la venta de estos activos públicos sigue siendo alimentar con urgencia las arcas públicas para reducir el déficit y fácilitar así el cumplimiento en 1997 de los criterios de convergencia para la unión monetaria europea.

El Gobiernó, que llama a su plan con el muy eufemístico nombre de Programa de. Modernización del Sector Público Empresarial del Estado, anuncia una redistribución -innecesaria por obvia- de las empresas públicas en cuatro grupos en función de sus posibilidades reales de venta. El Estado venderá primero las empresas rentables (Argentaria, Repsol) que se mueven en sectores abiertos a la competencia. Un segundo grupo exige medidas desreguladoras antes de proceder a su privatización (ENDESA). Un tercer paquete de empresas (Iberia) necesita consolidación antes de privatizarlas. Y un cuarto -que sin duda el Gobierno desearía enajenar- no se puede vender ni cerrar por cuestiones sociales (Hunosa, Santa Bárbara) o por el servicio que prestan (Renfe). En estos casos se trata de favorecer una gestión que reduzca las ayudas públicas. Hasta aquí, y desde una óptica de adelgazamiento del Estado, todo muy razonable.

Ahora bien, aunque este proceso de privatización se someta a diversos controles -incluido un Consejo Consultivo de Privatizaciones, como si el Gobierno no se fiara de sí mismo-, persisten demasiados puntos oscuros. Parece claro, por indicios que ha dado el Ejecutivo de Aznar en sus primeras semanas y por los movimientos de los grandes grupos financieros, industriales y bancarios en los últimos meses, que el Gobierno tiene una idea propia del orden industrial que pretende favorecer. Es razonable que fomente que los bienes enajenados, a- menudo estratégicamente importantes, permanezcan en manos españolas. Pero a este respecto también resulta relevante que se tomen precauciones para evitar, por un lado, una abusiva concentración del poder económico, y, por otro, que se acumulen excesivos riesgos en el negocio bancario, que ya ha proporcionado a este país excesivos sobresaltos. Debe erradicarse, por lo demás, toda presunción de que los nombramientos en empresas públicas y las ventas de sus acciones favorecen a determinados grupos. La razón económica -esto es, la fortaleza de las empresas- debe imponerse sobre cualquier tentación clientelar.

Él proceso tiene importancia suficiente como para hacer indispensable su debate en el Parlamento. Los contribuyentes han de disponer en todo momento de garantías de que, junto a la transparencia del proceso de privatización de las empresas consideradas como las joyas de la corona, también se arbitrarán soluciones para aquellas de las que la iniciativa privada no quiere saber nada. Es de esperar que la desamortizacíón anunciada sea algo más que una precipitada venta de lo mejor del patrimonio público sólo para cuadrar las cuentas de 1997.