El Consejo de la Abogacia suspende durante cinco meses al letrado de Conde y Perote
Jesús Santaella, abogado del ex presidente de Banesto Mario Conde y del ex número dos del Cesid, Juan Alberto Perote, ha sido sancionado por el Consejo General de la Abogacía con cinco meses de "suspensión, en su profesión. La resolución sancionadora considera que la conducta profesional de Santáella, con ocasión de las, gestiones: realizadas ante el Gobierno en favor de sus clientes, incurre en falta muy grave, por del código deontológico y deslealtad, todo lo cual constituye una "ofensa grave a la dignidad, de la profesión" y "a las reglas éticas que la gobiernan".
La sanción es recurrible ante la" jurisdicción contencioso-administrativa y no será ejecutiva hasta que sea firme; es decir, hasta que se pronuncie sobre ella la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. La decisión, que ayer todavía no había sido notificada oficialmente, se produjo tras una acalorada sesión del máximo órgano de la abogacía española, que preside Eugeni Gay y concluyó en la noche del pasado viernes. Algunos consejeros pidieron sanciones más fuertes, y la decisión final, en favor de la propuesta del instructor, Rafael López Cantal, decano del Colegio de Abogados de Granada, se produjo por 16 votos frente a 14, según fuentes de la abogacía.
El Consejo considera que Santaella ha inflingido el Código Deontológico de la Abogacía Española, así como el Estatuto General de la Abogacía y la Ley Orgánica del Poder Judicial, "que obligan terminantemente a los abogados a mantener de forma absolutamente rigurosa el secreto profesional, que alcanza a todos los hechos o noticias que el abogado conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, y comprenden las confidencias del adversario y las de los compañeros".
Confidencialidad
El Consejo estima que Santaella vulneró también la regla deontológica que exige lealtad entre los colegiados en lo que se refiere a la confidencialidad acordada y no mantenida" con el letrado Gerardo Viada.Tras la investigación realizada, el Consejo General de la Abogacía ha declarado probado que Santaella declaró el 19 de septiembre de 1995 en la Asociación de la Prensa de Madrid que la primera entrevista mantenida con el ministro de Justicia e' Interior, Juan Alberto Belloch, fue concertada a través, de "un amigo común, abogado vinculado al, diario EL PAIS", en referencia al letrado Viada, aunque sin mencionar su nombre, "no obstante haberse acordado entre ambos letrados que la intervención de este último en la concertación de la entrevista y su participación en ella se iba a mantener en términos de estricta confidencialidad".
Por, otra parte, en el programa de Antena 3 Con Hermida.y Compañía emitido el 10 de octubre de 1995, Santaella reveló que el periodista José Oneto, que intervenía en el programa, había sido cliente suyo, sin que Oneto hubiese aludido a tal extremo. Santaella también se refirió a que el banquero Emilio Botín le había encargado un determinado dictamen y explicó sobre lo que versaba.
Asimismo, en declaraciones a la revista Época del 30 dé , octubre de 1.995, Santaella informó de las conversaciones mantenidas con Belloch y con Felipe González, así como del contenido de las actuaciones que figuraban en el sumario que tramitaba el Juzgado Militar Central número 1, en concreto las. declaraciones, de varios periodistas y un coronel.
Otros hechos que han motivado la sanción a Santaella han sido las reiteradas referencias realizadas por el letrado al contenido de sus entrevistas con el ex ministro del Interior José Barrionuevo al que atribuyó el carácter de representante oficioso del Gobierno socialista y abogado colaborador de varios .procesados por el caso GAL.
Ventajas para Conde, y Perote
El Cónsejo General de la Abogacía relata las gestiones realizadas por Santaella cerca de Barrionuevo, Belloch y González sobré el conocimiento por Conde y Perote de informaciones confidenciales, altamente sensibles para la seguridad del Estado, sustraídas del Cesid y "supuestamente en- poder de sus dos clientes ( ... ), con el fin de obtener ventajas" para ambos. La resolución admite que Santaella intentaba lograr con ello "que el Gobierno tomase, determinadas decisiones, así como que influyese en las que a su vez adoptaran el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia Tributariá, la Sala- Quinta del Tribunal Supremo Y el Juzgado Militar Central número 1".
La investigación realizada, en especial tras la declaración de Belloch, permite deducir que existió "una infracción deontológica en la medida en que se habría producido una extralimitación de los contornos que configuran el derecho de defensa". Se menciona que el Estatuto General de la Abogacía circunscribe la actividad del abogado a "la aplicación de la ciencía y la técnica jurídicas" , mientras que las negociaciones de Santaella "en orden a posibles transacciones, imponen, como para todos los contratos, que sus pactos y condiciones no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público".
Sin embargo, a la vista de, que "no existen pruebas que por sí solas o analizadas con rigor en su conjunto, concluyan en la certeza del cargo imputado", así como que Santaella "ha negado su responsabilidad", el Consejo acordó no imponer sanción alguna por estos hechos. En la información previa realizada sobre los mismos, declaró el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez.
