Movilizaciones de UGT y CC OO en defensa de lo público
Los responsables de las federaciones de industria y servicios de UGT y CC OO y de sus direcciones confederales decidieron ayer iniciar "un largo proceso de movilizaciones" en defensa de lo público y para mostrar su oposición a las privatizaciones aprobadas por el Gobierno. El pistoletazo de salida se dará el próximo día 10 de julio con una masiva asamblea de delegados de todas las empresas afectadas en Madrid. Después vendrán actos de protesta en el seno de las empresas, de los sectores y los territorios a los que se irán poniendo fechas en las próximas semanas.Con esas movilizaciones los dos sindicatos mostrarán su rechazo a todo lo que significa la venta de empresas públicas. Según Fernando Puig, secretario de acción sindical de CC OO, "lo que está en discusión es un modelo de sociedad. Se está cuestionando el papel del Estado y lo que nos ha permitido tejer una red de solidaridad social, interterritorial e intergeneracional". Para Toni Ferrer, responsable de acción sindical de UGT, se trata de "una grave agresión a nuestro modelo social, por determinismo ideológico y no por eficacia empresarial".
La reacción de Izquierda Unida fue igual de tajante. Su diputada Rosa Aguilar anunciaba ayer que el Gobierno se va a encontrar con "una respuesta contundente" por parte de esa fuerza política. Y vaticinó que las privatizaciones van a traer "más paro".
Preocupación del PSOE
El ex presidente del Gobierno, Felipe González, dijo que "un plan de derechas". El ex ministro de Economía Pedro Solbes afirmó que las privatizaciones hay que acometerlas "en función de las características de cada empresa y las circunstancias del momento". A su juicio, "se están tomando decisiones excesivamente precipitadas y puede haber dificultades en términos de financiación".El diputado Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que el PP pretende con ello resarcirse de las medidas fiscales.
El respaldo claro a la decisión del Gobierno se produjo desde Convergència i Unió (CiU) y la patronal CEOE, que reclamó "transparencia" en el proceso para que "los ciudadanos y las instituciones financieras puedan saber si les interesa invertir en esas empresas".
El portavoz económico de CiU, Francesc Homs, realizó una previsión "tirando por lo bajo" de los ingresos que aportarán a la caja del Estado: entre 500.000 y 600.000 millones de pesetas este año y otros 700.000 millones el año próximo.
