El Tribunal de Cuentas halla responsabilidad por encima de la ex directora del BOE

Por encima de la ex directora general del Boletín Oficial del Estado (BOE), Carmen Salanueva, hubo responsabilidad. Todos los grupos parlamentarios, excepto el socialista, coincidieron en señalar que en las irregularidades de gestión de Salanueva tuvo buena parte de culpa el Consejo Rector de la entidad, que actuó con negligencia. El informe del Tribunal de Cuentas, presentado ayer por su presidenta Milagros García, en el Parlamento, relata un auténtico rosario de irregularidades en el BOE y en Renfe.

El margen de desviaciones contables ocasionado por la peculiar gestión de Salanueva supuso un coste injustificado de 1.440 millones de pesetas. De esta cantidad, 560 millones correspondieron a la compra de papel a precios muy superiores a los del mercado. El mecanismo utilizado desde 1989 a 1991 para burlar el control de estas compras era muy sencillo: bastaba con dividir las compras en contratos inferiores a los 50 millones de pesetas, lo que permitía la adjudicación directa, sin el permiso preceptivo del Ministerio de Relaciones con las Cortes, del que dependía orgánicamente el BOE.Pero, por encima de estas irregularidades, lo que ayer denunciaron todos los grupos fue la responsabilidad del Consejo Rector del BOE, presidido por el subsecretario del Ministerio de Relaciones con las Cortes, Fernando Sequeira, que prácticamente no llegó a reunirse, dejando la gestión en manos de la directora general. El diputado de IU-IC José Luis Centella fue especialmente duro en sus consideraciones y acusó al consejo de funcionar como "una tertulia de amigos".

Unos cobraron de más y otros pagaron sin tener que hacerlo. El informe del Tribunal de Cuentas señala también que Equidesa, la empresa creada por Renfe en 1989, abonó 121 millones de pesetas de IVA por la compra de unos terrenos en San Sebastián de los Reyes. Nada que objetar, si no fuera porque la compra estaba exenta de este impuesto por tratarse de terrenos rústicos. Y no hay constancia de que ese importe se reclamara a los receptores ni que fuera ingresado en el Tesoro Público.

El informe del Tribunal habla también de anomalías en las relaciones de Renfe con Cargo Expres, que registró gastos muy elevados de gestión, y con otras empresas con las que contrató Renfe. Estas relaciones supusieron pagos importantes por parte de la compañía ferroviaria.