Grand Tibidabo decide personarse en la causa penal contra Javier de la Rosa

El consejo de administración de Grand Tibidabo deshojó finalmente la margarita y anunció ayer que, tras más de un año de frustrantes y estériles negociaciones, se personará como acusación contra Javier de la Rosa en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. En esta instrucción, a De la Rosa se le imputan los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento durante su etapa como presidente y máximo responsable de Grand Tibidabo, una sociedad que en poco más de tres años perdió más de 40.000 millones de pesetas y que actualmente se encuentra en una situación financiera crítica, "por lo que su continuidad como empresa en funcionamiento depende de la consecución de fondos suficientes para superar la situación", según reza el informe de auditoría correspondiente al pasado ejercicio.El anuncio de Grand Tibidabo, sociedad presidida por Antoni Enrich, aunque controlada en la práctica por el ex ministro franquista Alfredo Sánchez Bella, no es casual. Hoy se celebra en Barcelona la junta de la empresa y ya sería demasiado volver a explicar a los sufridos pequenos accionistas, como ya ocurrió en la junta del año anterior, que se sigue negociando un quimérico acuerdo con De la Rosa. Éste debe a Grand Tibidabo 4.800 millones y ha incumplido su compromiso de ceder sin coste su paquete de más del 20% del capital.

En los días previos a la junta, algún abogado de Barcelona ha intentado comprar acciones de Grand Tibidabo y varias fuentes consultadas han apuntado a Javier de la Rosa como el ordenante final de esas compras. Entre los abogados que han comprado títulos figura Tomás Ragué.

Por otra parte, Antoni Perramon, director general de Patrimonio de la Generalitat, declaró ayer ante el juez instructor del caso De la Rosa que la Generalitat no pagó ninguna comisión al adquirir el edificio de CNL -fusionada después con Grand Tibidabo- a Javier de la Rosa. Perramon declaró en calidad de testigo sobre la operación de compra del inmueble de la avenida Diagonal de Barcelona, que fue destinado al Departamento de Medio Ambiente. Lo que pretende aclarar el juez es si se pagó un sobreprecio por el inmueble. La operación se cerró por 4.200 millones de pesetas, 900 más de lo estimado por una tasación pericial realizada en el juzgado.