Un abogado de oficio, investigado por un supuesto intento de cobro a un cliente

El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid está investigando si un abogado adscrito al turno de oficio cometió un supuesto delito de coacciones al pedir dinero a los padres de un menor encarcelado bajo la acusación de haber cometido cuatro violaciones. Se le investiga por un presunto delito de coacciones; es decir, por dejar entrever a los padres del acusado que, o le contrataban de forma particular para ese caso y le abonaban -con facilidades de pago- una minuta de 400.000 pesetas, o, de lo contrario, "no iría ni al juicio", según la versión de los padres. La Constitución garantiza la justicia gratuita, incluida la minuta de los abogados de oficio, a las personas que carecen de dinero.La policía detuvo al menor R. C. S., de 17 años, a comienzos de junio como supuesto autor de cuatro violaciones; una de ellas, frustrada. El agresor, según fuentes policiales (véase EL PAÍS del 4 de junio), sorprendió a sus víctimas en distintas bocas de metro -en dos ocasiones, en la de Suanzes-, las arrastraba hasta algún parque cercano y consumaba la violación. Tras su detención, y dados los escasos recursos de sus padres, le fue nombrado un abogado de oficio, encargo que recayó en un letrado cuyas iniciales son P. E.

Tras asistir al interrogatorio judicial, el jurista comentó a los padres que los delitos que se atribuían al menor eran "muy importantes", les recomendó que contratasen a un abogado que no fuese de oficio y se ofreció para llevarles el caso, pero a título particular, cobrando.

Pago mensual

El letrado, según fuentes cercanas a la familia, indicó que si aceptaban su ofrecimiento le podrían pagar en cuotas mensuales, poco a poco. Y les sugirió que se lo pensasen. Los padres le dijeron que carecían de dinero para pagarle, pero que de todas formas se lo pensarían y le darían una contestación.En vista de que pasaban los días y no le llamaban, el jurista telefoneó varias veces a los padres. Una amiga de la familia se puso al teléfono. Indicó que sólo estaba en casa la madre del menor, pero que no podía ponerse al teléfono porque estaba enferma. Era una excusa. Finalmente, y ante la insistencia del abogado, la madre acudió a su despacho y le dijo que no podían contratarle por falta de recursos. También le comunicó que habían encomendado el caso a otro letrado que les había asegurado que llevaría el caso de su hijo sin cobrarles nada.

P. E., el jurista ahora investigado, indicó a este periódico que las imputaciones de la familia "son totalmente falsas", y subrayó que se trata de una maniobra urdida por el otro despacho de abogados para quedarse el caso sin tener que abonar la minuta derivada de la venia. El letrado señaló además que este asunto parte de otro juez, distinto del que ahora le va a investigar, quien, a su juicio, ha incurrido en un delito de "prevaricación" [tomar una decisión injusta a sabiendas]. "Ha hecho caso a esa maniobra y me ha apartado del caso, a pesar de que no tiene competencia para ello; eso sólo lo puede hacer el Colegio de Abogados", dijo el abogado.

El letrado afirmó que tiene pruebas de que el acusado le comentó que le quería a él como abogado y que, antes de ingresar en prisión, le facilitó incluso el teléfono de su novia para que contactase con ella. "Se trata de una maniobra" de otro despacho jurídico cuya finalidad es eludir el "pago de la venia", insistió.

Si un cliente prescinde de su abogado de oficio y contrata a otro, este último está obligado a solicitar la venia por escrito al que cesa y abonarle el trabajo realizado, pues en ese caso el Estado entiende que la familia dispone de dinero y no se hace cargo de la minuta.