Tres en la carretera

LA PARTIDA que parecía haber ganado Borrell se la ha adjudicado Bono: la autovía Madrid-Valencia no pasará por las inmediaciones de las hoces del Cabriel. La batalla que venía librándose a tres bandas, con alianzas variables, entre el Gobierno central y los de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana giraba en torno a tres elementos: impacto ecológico, tiempo de ejecución y coste de las obras. El Gobierno de Valencia -el de Lerma primero y el de Zaplana después- ha apoyado siempre lo que en cada momento parecía favorecer la rápida culminación de las obras. Por eso se plegaron en su día a las propuestas del ministro Borrell y aceptan ahora el acuerdo alcanzado por el ministro Arias.Al final ha resultado que el apoyo prestado por los ecologistas a la postura de Bono (o viceversa) ha inclinado la balanza de su lado: era un cuarto jugador no inscrito. El trazado actual cuenta con el aval de los ecologistas en el aspecto medioambiental. Los otros dos factores, coste y tiempo, siguen siendo objeto de controversia. La empresa constructora se compromete a finalizar la obra en un plazo máximo de 28 meses, evitando el bloqueo derivado de los recursos planteados, y a que no varíe significativamente el coste. Borrell discute ambos extremos y llega a afirmar que el nuevo trazado costará al menos 8.000 millones más que el anterior. Arias Salgado asegura, por el contrario, que el presupuesto de las dos variantes está en torno a los 25.000 millones y que el coste final será similar el tiempo podrá zanjar esa divergencia.

De momento, la satisfacción es mayoritaria. Para el Gobierno central, el acuerdo supone desbloquear un asunto enconado, generador de pugnas interregionales y qué había derivado por derroteros de oportunismo político y enfrentamiento personal. Y las comunidades afectadas consiguen, sus respectivos objetivos: Castilla-La Mancha desplaza la autovía lejos del paraje ecológicamente controvertido de las hoces del Cabriel; Valencia se garantiza, al fin, el término de una obra que es vital para su desarrollo y que, debía haberse realizado hace años. Todos, así pues, satisfechos.

Excepto José Borrell. El acuerdo deja al inmediato antecesor de Arias Salgado en el Ministerio de Obras Públicas (hoy de Fomento) en una posición desairada. En cuatro semanas se ha cambiado por completo el escenario que Borrell había considerado durante años poco menos que inmutable. Se ha visto que no lo era y que existían otras opciones técnicamente viables. También se ha demostrado que había una buena dosis de voluntarismo en la pretensión de que la implantación equilibrada del PSOE en todas las comunidades era una garantía de vertebración territorial: donde hubo desacuerdo entre dos presidentes autonómicos y un ministro socialista hay ahora acuerdo con protagonistas de diferentes partidos.

El aspecto que puede considerarse no definitivamente zanjado es el del coste. De entrada, llama la atención que la empresa adjudicataria del anterior trazado redujera el coste presupuestado (22.000 millones) casi a la mitad (13.000 millones). A ello había que añadir el coste adicional que suponía el bloqueo del proyecto por los recursos judiciales pendientes. La opinión pública se sentiría en todo caso más tranquilizada si el Ministerio de Fomento terminara de aclarar cuánto iba a costar de verdad el trazado anterior y cuánto va a costar el nuevo. No sobre presupuesto, sino sobre contrato de obra.