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La juez cita a Perote como imputado en las escuchas del Cesid

La juez Ana María Pérez Marugan ha dictado una providencia en la que cita para el próximo día 20 de junio al ex jefe de operaciones del Cesid Juan Alberto Perote, actualmente encarcelado, para que declare como imputado en la causa seguida para investigar las supuestas escuchas ilegales realizadas por el servicio de espionaje.La providencia da cumplimiento a lo acordado el mes pasado por la Audiencia Provincial de Madrid que ordenó reabrir la causa, en la que también figura el teniente general Emilio Alonso Manglano, ex director general del Cesid.

La Audiencia estimó parcialmente los recursos de varios escuchados contra el archivo decretado por la juez Ana Mercedes del Molino, confirmado luego por su sucesor a en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, Ana María Pérez Marugán. La sala dejó sin efecto el archivo y ordenó continuar la instrucción a la vista de los indicios respecto al delito de escuchas ilegales, pero no así en lo que concierne a los de prevaricación y malversación de caudales públicos, cuyo archivo sí fue confirmado por la Audiencia.

Caso reabierto

La juez Ana Mercedes del Molino archivó las actuaciones al estimar que las escuchas habían sido aleatorias, "casuales" y necesarias "para proteger intereses vitales del Estado". Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid explicaba en el auto en el que ordenaba reabrir la causa: "De aceptarse estos argumentos, no estaríamos en un Estado de derecho, sino más bien en un Estado policial".El auto añadía que, "aunque las intercepciones no eran preseleccionadas, dado que lo impedía el sistema técnico utilizado, se hacían barridos de una zona importante de Madrid y en el listado sólo se reseñan nombres de personas de cierta relevancia social, cuyas escuchas se grababan y archivaban, aunque tuvieran que ser escuchadas muchas más".

La juez Ana María Pérez Marugán confirmó el archivo decretado por su antecesora porque las escuchas se hicieron a teléfonos móviles, lo que entonces, de 1982 a 1989, no era delito. La Audiencia tampoco asumió esta argumentación, "pues no parece coherente sostener que no puede equipararse un teléfono convencional a otro móvil. Y, de todas formas, en aquella época sí se sancionaba al funcionario que utilizare artificios técnicos de escucha y grabación de sonido", decía el escrito.

En su resolución, la Audiencia añadió que la juez debería tomar de nuevo declaración a Perote y "realizar los trámites precisos para, siguiendo la vía legal establecida, incorporar a la causa las cintas grabadas" por el Cesid. Entre estas cintas se encuentran conversaciones de diferentes personalidades de la política, el periodismo e, incluso, del rey Juan Carlos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de junio de 1996