Más de 8.000 familias pierden sus casas cada año porque carecen de dinero para pagarlas

Los jueces de la capital desahucian todos los años a más de 8.000 familias, unas setecientas cada mes. Se trata de personas cuya situación económica varía repentinamente -por desempleo, enfermedad- y no pueden afrontar el alquiler o la hipoteca de sus casas. Un informe del juzgado decano revela que un 3% de esas 8.000 familias -la mayoría cargadas de hijos y sin dinero- se queda a la intemperie, con sus retoños y sin techo. En el mejor de los casos, la Administración aloja a sus miembros de forma diseminada, lo que causa fracturas en la convivencia familiar.

"Se produce una ruptura familiar porque los hijos menores son internados en un centro de acogida de la Comunidad, la madre es llevada a un centro de mujeres y el padre a otro de hombres", comenta una funcionaria del Servicio de Notificaciones y Embargos de los Juzgados de Madrid, el que ejecuta los desahucios por encargo de los jueces.La juez decana de Madrid, Manuela Carmena, se ha puesto en contacto varias veces con los responsables de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) para buscar una salida menos traumática a las familias que pierden su hogar por orden judicial y carecen de medios para buscar otro.

Los responsables de la EMV se mostraron dispuestos a buscar soluciones y pidieron al decanato un estudio sobre el problema. El estudio, parcialmente sufragado por la EMV, ya es . si una realidad, y contiene las siguientes propuestas: las familias más desprotegidas serían alojadas de inmediato en los pisos vacíos que posee la EMV en Madrid; tales casas estarían a disposición del decanato, que, junto con la EMV, evaluaría los casos más urgentes y designaría a los beneficiarios.

Máximo de seis meses

Los alojamientos en esas casas serían provisionales, nunca más de seis meses, mientras los afectados encuentran una nueva vivienda. Además, serían casas compartidas por varias familias, en función de su tamaño. "Serían habitaciones de uso plural, con equipamiento básico y sin entrega de llaves al ocupante, y se establecería un servicio permanente de control de uso y acceso a las mismas", se explica en el informe. Se intenta con ello evitar que personas ajenas al control judicial okupen estos inmuebles y luego se resistan a abandonarlos.Según el informe, los gastos de suministros como agua, luz y conservación correrían a cargo de los moradores, cuyos muebles y enseres, tras el desahucio, quedarían depositados en un almacén del Ayuntamiento. Los beneficiarios sólo podrían llevarse a estas casas sus útiles personales.

"La idea es evitar la dispersión de la familia, pero huyendo de la comodidad, para que los afectados no olviden la provisionalidad de su situación", indica la citada funcionaria judicial.

Esta propuesta, según el informe, "evitaría al municipio los costes de seguridad que precisa un edificio, en orden a evitar ocupaciones no deseadas", y paralelamente contribuiría "a paliar situaciones de extrema necesidad".

El decanato agruparía a las familias según sus circunstancias. "Por ejemplo, las personas con problemas de drogadicción serían alojadas en las mismas casas, pero, eso sí, siempre y cuando acrediten que se están rehabilitando", matiza esta funcionaria.

Sigfrido Herráez, concejal de Vivienda del Ayuntamiento y responsable de la EMV, indicó el viernes: "Es una propuesta factible sobre la que hay que trabajar". Agregó que se pondría en contacto hoy con la decana para estudiar las propuestas. Según el edil, la EMV dispone habitualmente en la capital de unas cien viviendas vacías. El concejal, no obstante, aseguró que la EMV ya ha utilizado algunos pisos para albergar a varias familias en situación extrema.

El estudio del decanato -firmado por las expertas Silvia Fernández y Yolanda Pardalla a instancias del decanato- destaca que el 63% de las personas que se enfrentan a un desahucio atraviesa por "una situación económica precaria", y que un 31% de ellas padece problemas de salud: trastornos cardiovasculares, reumáticos, artrosis o depresión. Cuando los funcionarios se reúnen con las familias a las que deben desalojar porque, por ejemplo, no tienen para pagar la hipoteca, se hallan frente a personas "muy angustiadas", según el estudio. Gente que considera "injusto" el desahucio.